EN PORTADA (373)

NOTICIAS DE EN PORTADA

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “el Primero de Mayo tiene que situar con fuerza las reivindicaciones de los trabajadores. Este día tiene que ser un punto de inflexión en la lucha por los derechos laborales y en la consecución de un reparto más justo de la riqueza”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación del manifiesto y los actos del Día Internacional del Trabajo, donde ha señalado que “en las más de 70 movilizaciones que habrá en todo el país las personas, y sus problemas, deben verse reflejadas en nuestras reivindicaciones”.

En este sentido, “continuaremos exigiendo la derogación de las dos reformas laborales, con el fin de reestablecer los equilibrios denostados y caminar hacia un cambio de modelo productivo que nos marque la senda de crecimiento”.

“Es necesario exigir un plan de choque por el empleo, que contemple un puente hacia la jubilación para los desempleados mayores de 55 años, un contrato de relevo para los mayores de 60 y un gran acuerdo por la industria que genere empleos de calidad y con valor añadido, entre otras cuestiones”.

Además, “hay que mostrar nuestra rotunda oposición a la firma de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio TTIP, donde no se ha tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía, porque es un tratado que va a dañar muchos derechos; y que no se recorten derechos y libertades de la ciudadanía, con la derogación de las leyes que impidan que se puedan celebrar movilizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores, ya que aún hay 300 trabajadores imputados por ejercer un derecho fundamental como es el de huelga”.

Si hay elecciones, el debate debe girar en torno a las reivindicaciones de las personas

En relación a la posibilidad de unas nuevas elecciones generales en España, el Secretario General de UGT ha manifestado que, si al final se celebran, “hay que conseguir que el debate electoral gire en torno a nuestras reivindicaciones. Tenemos que entrar de lleno en las propuestas que creemos que deben ser objetivo de ese debate. En este sentido, nuestras propuestas van en el camino del cambio y del progreso, de atender las demandas de los ciudadanos”.

En cualquier caso, “el debate debe girar en torno a los proyectos políticos, con el fin de que contengan políticas para el crecimiento económico y del empleo, y por la lucha contra las desigualdades”.

Además, ha demandado a la ciudadanía a que ejerza su derecho al voto. “La participación ciudadana es clave. Los trabajadores tienen que ir a votar. Tienen que ser conscientes de que la abstención no es una opción. Desertar de ejercer el derecho al voto solo beneficia a los poderosos”.

Pepe Álvarez ha señalado también que, después de constituirse el nuevo Gobierno, “los partidos políticos deben saber que las organizaciones sindicales seguiremos ejerciendo nuestro derecho de contrapoder y de movilización para seguir defendiendo los derechos de la clase trabajadora de este país”.

Se debe ampliar el acceso al PAE para proteger a más personas sin recursos

En relación al Programa de Activación para el Empleo (PAE), que se convalidará en el Congreso esta semana, Pepe Álvarez ha señalado que “el Gobierno debería ampliar el acceso a este programa, ya que tiene restricciones que impiden que trabajadores que tienen necesidad de acceder a estas ayudas no puedan hacerlo y se queden al margen”.

“Se lo hemos planteado al Gobierno en varias ocasiones, aunque solo sea porque ha gastado el 15% del presupuesto total y solo ha cubierto al 25% de las personas previstas”.

“Pero el Ejecutivo dice que no es su competencia ya al estar en funciones, algo que nos suena a excusa de mal pagador, porque para otras cosas sí muestra su competencia”.

Recuerdo a los trabajadores que han fallecido por luchar por los derechos laborales y sociales

Pepe Álvarez ha querido expresar sus condolencias, y las del conjunto de la organización, con los fallecidos y las familias afectadas en el accidente de Lorca, donde han fallecido cinco trabajadores del campo. “Queremos mostrar nuestro pesar por un accidente que tiene que ver con la realidad laboral que tiene nuestro país, que nos sitúa más a finales del siglo XIX y principios del XX en materia de contratación y derechos, que un país del siglo XXI”.

“Este accidente es un problema que vive una parte importante de los trabajadores de nuestro país, en todos los sectores. Por ello, este Primero de Mayo queremos tener un recuerdo especial para los centenares de trabajadores y trabajadoras que han perdido su vida por luchar a favor de los derechos laborales y sociales”. 

Jueves, 28 de Abril, a las 13,30 h. en la Plaza del Carmen

 

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, participarán mañana jueves, 28 de abril, en el acto organizado por la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España en reconocimiento de las víctimas de accidentes y enfermedades laborales.

 

El acto comenzará a las 13,30 horas en la Plaza del Carmen de Madrid y será conducido por Judith Carreras, consejera de la Oficina de la OIT para España. Habrá interpretaciones musicales, palabras de bienvenida del Director de la Oficina de la OIT, Joaquín Nieto, de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y diversas intervenciones de representantes políticos y de los interlocutores sociales, entre ellos Álvarez y Toxo.

 

Seguidamente se plantará un madroño, símbolo de la ciudad, y se instalará una placa en memoria de los diez bomberos fallecidos en acto de servicio en el incendio de 1987 y de todas las víctimas de accidentes y enfermedades laborales.

 

El acto finalizará con una ofrenda floral al pie de la placa.

 

 

A este acto asiste Carmelo Ruiz de la Hermosa, Secretario General de UGT Madrid.

​La Unión General de Trabajadores exige al Gobierno flexibilizar los criterios de acceso al Programa de Activación para el Empleo para que pueda llegar a más número de beneficiarios, ya que solo ha llegado a 100.000 de los 400.000 personas estimadas.

El sindicato propone, entre otras cuestiones, que los parados de larga duración sin cargas familiares puedan acceder a esta ayuda. Además plantea estudiar la posibilidad de que cada beneficiario pueda reactivar el programa por otros seis meses, si no se ha incorporado al mercado de trabajo para realizar itinerarios de inserción más completos.

La Unión General de Trabajadores insiste  en solicitar al Gobierno una  verdadera evaluación desde el Diálogo social del Programa de Activación para el Empleo y lamenta que, en la prórroga  publicada en el RDL 1/2016, de 15 de abril, no haya ampliado los criterios para que el Programa de Activación para el Empleo mejore su cobertura, ampliando la protección a más beneficiarios (en  2015, sólo ha llegado a 100.000 personas de las 400.000 estimadas).

La publicación de la prórroga no exime al Gobierno de convocarnos a los interlocutores sociales para evaluar el programa de forma conjunta y mejorar la cobertura de las personas en situación de desempleo.

UGT sigue pidiendo la flexibilización de los criterios de acceso, entre ellos:

1. Estudiar la posibilidad de que cada beneficiario pueda reactivar el programa por otros 6 meses en caso de no haber podido reincorporarse al mercado de trabajo,  con el fin de que puedan hacer itinerarios de inserción más completos.

2. Flexibilizar el requisito de estar inscrito como demandante de empleo. Para ello se sugiere modificar la exigencia contemplada de estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo competente a determinada fecha y la exigencia de haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de incorporación al programa.

3. Que se elimine o reduzca (actualmente está situado en 6 meses) el periodo que debe haber transcurrido desde el agotamiento de ayudas o prestaciones por desempleo, rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

4. Hacer compatible con esta ayuda, la percepción de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Administraciones Publicas.

5. Suprimir el requisito de tener responsabilidades familiares. Incluir como posibles beneficiarios a parados de larga duración que necesitan mejorar su empleabilidad y protección ante situaciones de necesidad, aunque no tengas cargas familiares.

Además, la Unión General de Trabajadores plantea otras actuaciones que no requieren la modificación de la norma:

  • Recalcular el número de potenciales beneficiarios del programa.
     
  • Es imprescindible que las personas destinatarias del programa de activación, conozcan el Plan, los requisitos, la forma de solicitarlo, etc. Es necesario que los SPE contacten por escrito directamente con cada potencial beneficiario, no es suficiente con que haya información en las oficinas de empleo y de prestaciones, en las páginas WEB de los SPE o con las noticias que puedan surgir en los medios de comunicación.
     
  • También es importante que desde las Comunidades Autónomas, contando con el trabajo de los prospectores de empleo de los Servicios Públicos de Empleo, entre otros, se contacte con los posibles empleadores y se les informe de las medidas que les favorecen al contratar a las  personas que participen en este programa.

El próximo día 3 de mayo se iniciara la primera de las 4 jornadas completas de huelga, a la que continuaran otras 5 jornadas de paros parciales, convocadas por la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT Madrid en las empresas Irubus y Alsa Metropolitana.

Ayer se celebró el Instituto Laboral para intentar evitar la convocatoria de huelga en las empresas IRUBUS Y ALSA METROPOLITANA, concretamente en los centros de trabajo que la empresa tiene en San Lorenzo del Escorial y en Moncloa, el intento de mediación ha acabado SIN AVENENCIA.

Los motivos que han llevado a UGT a la convocatoria de paros son los incumplimientos por parte de la empresa de diversas materias del Convenio Colectivo entre los que se encuentran materias tan importantes como los descansos y la valoración de los turnos por los que se calculan las jornadas de los trabajadores, a pesar de los intentos realizados por la representación de los trabajadores para alcanzar acuerdos que posibilitaran el final del conflicto, hasta el momento no ha sido posible, motivo por el que se procederá a la convocatoria de la huelga.

Las empresas aseguran el transporte de viajeros en más de 26 localidades de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentran: El Escorial, San Lorenzo del Escorial, Galapagar, Valdemorillo, Hospital del Escorial, Hospital de Majadahonda, y algunas localidades de Ávila como Cebreros, Hoyo de Pinares o Las Navas del Marqués.

La huelga se convocará las 24 horas de los días, 3, 4, 5, y 6 de mayo y paros parciales desde las 06.00 a las 09.00 horas, de 14.30 a las 16.30 horas y de 18.00 a las 21.00 horas de los días 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo. A pesar de la falta de voluntad demostrada por la empresa en alcanzar acuerdos, el Comité de Huelga mantiene su ofrecimiento de seguir negociando para intentar la consecución de un acuerdo satisfactorio para las partes.

 

Para más información:

Comité de Huelga de IRUBUS: Vicente 680365083

 

Comité de Huelga de ALSA METROPOLITANA: José Maria 630464026

 

La Unión General de Trabajadores denuncia que las previsiones económicas del Gobierno empeoran las previsiones de paro para este año y el próximo, como consecuencia del fracaso de las políticas de austeridad que ha practicado y los 2.000 millones de recortes que tendrá que hacer.  

UGT considera que el aplazamiento concedido por Bruselas no saldrá gratis, sino que vendrá acompañado de nuevos recortes y reformas, algo que resulta inaceptable.

Lo que necesita nuestro país, y Europa, es cambiar de políticas para solucionar los problemas más acuciantes que sufre la mayoría de la población y plantear medidas hacia una senda de crecimiento real, equilibrado y sostenible, que genere empleo de calidad y con derechos y reduzca las desigualdades.  

El Gobierno ha hecho públicas hoy unas nuevas previsiones macroeconómicas, que al parecer podrían contar con el beneplácito de Bruselas, insertas en una senda de ajuste presupuestario que aplaza un año la rebaja del déficit por debajo del 3%. Será por tanto en 2017 cuando se sitúe en el 2,9%, cuando la previsión anterior era que alcanzara ya en 2016 el 2,8%.

Las renovadas previsiones suponen también una rebaja de la estimación de crecimiento económico, de tres décimas para 2016 y de medio punto porcentual para 2017, y una mayor deuda de la prevista hasta ahora, aunque se mantenga prácticamente estable ligeramente por debajo del 100% del PIB.

cuadro1coc.JPG

Estas nuevas previsiones no hacen sino confirmar lo que todo el mundo sabía, y que desde UGT hemos denunciado reiteradamente: que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 son irreales, que sus cifras no soportan el contraste con la realidad, y que en consecuencia, el Programa de Estabilidad elaborado por el Gobierno era también un ejercicio de ficción. La llamada de atención de Bruselas en este sentido ha obligado a que el Gobierno en funciones rectifique ya.

Pero las cifras ofrecidas hoy confirman también otras cuestiones, de mayor trascendencia. De un lado, que la estrategia de austeridad a ultranza que se ha aplicado en España desde 2010, y con más intensidad desde 2012, ha fracasado. Aunque el déficit público se ha venido reduciendo, hay que recordar que se han incumplido reiteradamente los objetivos planteados por la Comisión Europea. No ha habido un solo año que se lograra cumplir con las directrices europeas en esta materia.

Este incumplimiento persistente no es resultado de una impericia continuada en la elaboración de previsiones por parte de la Comisión y del Gobierno de España, sino que es el resultado lógico de unas directrices que se sabía de antemano que eran imposibles de cumplir. Tanto las autoridades europeas como el Ejecutivo español sabían año tras año que nuestro país no podría cumplir con los objetivos planteados, pero se han utilizado como instrumento para forzar un ajuste intensivo, y aplicar así recortes y reformas que de otra manera serían muy difíciles de justificar.

El problema es que esa reducción del déficit se ha realizado a costa de reducir las prestaciones fundamentales de nuestro sistema de protección social (desempleo, pensiones, prestaciones sociales, dependencia), de desmantelar progresivamente los servicios públicos esenciales (sanidad, educación), y de estrangular las capacidades de crecimiento económico. Es decir, que la reducción del déficit ha provocado una reducción de nuestro de por sí débil estado de bienestar y el aumento de los niveles de desigualdad y pobreza.

Además, la deuda pública no ha parado de crecer. Con los datos parciales conocidos el viernes (hasta febrero), España alcanza su nivel máximo de siempre, y ya es la cuarta deuda pública en términos relativos (en porcentaje de su PIB) de toda la zona euro (tras las de Italia, Portugal, Chipre y Bélgica). Las nuevas previsiones revisan también al alza los objetivos, y la sitúan prácticamente estable en torno al 99% en 2016 y 2017. Esta incapacidad para reducir la deuda es también prueba de la escasa eficacia de la política de austeridad y recortes para contener los principales desequilibrios macroeconómicos de nuestro país.

Con todo, probablemente el dato que mejor exprese el rotundo fracaso de la actual política económica es el hecho de que en las nuevas previsiones se aumenta la estimación para la tasa de paro en ambos años, con respecto a lo previsto hasta ahora. Y eso a pesar del drástico empeoramiento de la calidad del empleo que han promovido las reformas laborales impuesta desde 2010, y en especial la llevada a cabo por el Gobierno del PP en 2012 y sus sucesivas vueltas de tuerca.

En este contexto, sin duda otra de las conclusiones que cabe extraer de las nuevas previsiones es que, a pesar de la rebaja del tono del discurso tanto desde la Comisión Europea como desde el Gobierno español, seguimos inmersos en la lógica insostenible de recortes y empobrecimiento generalizado. El enésimo aplazamiento de los objetivos de déficit no saldrá gratis, sino que se plantea como moneda de cambio de la aplicación de nuevos recortes y de nuevas reformas.

A esta lógica obedece el anuncio el pasado viernes día 15 de abril por parte del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de un recorte de gasto (“acuerdo de no disponibilidad de crédito”, en el lenguaje más técnico) de 2.000 millones de euros con el objetivo de reducir el déficit público. Aunque el Ministro dijo que este nuevo ajuste no afectará al gasto social, lo cierto es que se trata de otro recorte que perjudicará al crecimiento económico y, por ello, a la creación de empleo. Y todo parece indicar que se trata tan solo de un anticipo de las nuevas exigencias de Bruselas. En este sentido van también las recomendaciones realizadas hoy mismo por el Banco Central Europeo, reclamando esfuerzos adicionales y “fuertes reformas” a nuestro país.

UGT no va a aceptar nuevos recortes. La mayoría de la población española no puede soportar más sufrimiento. La austeridad es una vía fracasada, en España y en Europa. Lo que se necesita no son más recortes, sino renegociar en Europa la senda de reducción del déficit a medio plazo, y sobre todo, cambiar las políticas económicas. Porque el mejor antídoto contra el déficit, la deuda y el paro es el crecimiento económico, el aumento del PIB, y para que este se consolide y refuerce se necesita una política expansiva, que aumente el gasto público de manera selectiva sobre las partidas esenciales para el desarrollo: inversiones industriales, I+D+i, protección social y servicios públicos esenciales.

Para ello, UGT reivindica la necesidad de que haya un gobierno de cambio y progreso, que se comprometa a adoptar un paquete de medidas imprescindibles para solucionar los problemas más acuciantes que sufre la mayoría de la población, que promueva las medidas necesarias para encaminar a nuestro país hacia una nueva senda de crecimiento equilibrado y sostenible, generadora empleo de calidad, y que impulse en Europa un cambio de orientación política que ponga el acento en el crecimiento económico y la reducción de desigualdades.

cuadro2cocb.jpg

Representantes de UGT y CCOO se han reunido hoy con una delegación del PSOE para presentarle el manifiesto conjunto del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo que tiene lugar el próximo 28 de abril que este año se celebra bajo el lema "La salud en el trabajo depende de leyes firmes, controles rigurosos y sindicatos fuertes".

Con esta reunión se inicia la ronda de contactos que ambos sindicatos van a mantener con los partidos políticos con representación parlamentaria para analizar la situación actual en materia de Salud Laboral y presentarles sus propuestas.

Durante los encuentros, las organizaciones sindicales quieren abordar, entre otras cosas, cuestiones como la situación de la Prevención de Riesgos Laborales, Mutuas o Enfermedades Profesionales y analizar las consecuencias de la Reforma Laboral y el debilitamiento de la Negociación Colectiva en la Seguridad Laboral así como presentar sus propuestas en estas materias así como los actos conmemorativos y movilizaciones planteadas de cara al Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. 

Tres de cada diez contratos temporales tiene una duración igual o inferior a una semana. Desde el año 2009, este tipo de contratos de muy corta duración ha aumentado ocho puntos su peso en el mercado laboral, implantando unas consecuencias evidentes para los trabajadores, como es el aumento de la precarización en las condiciones de trabajo, de la inestabilidad laboral y familiar y del riesgo de siniestralidad, la falta de formación y la mayor dificultad para el acceso a las prestaciones, de desempleo y de Seguridad Social.

Ante esta realidad, UGT reclama más controles en las empresas y administraciones públicas para estos contratos, sancionando su uso injustificado y haciendo cumplir la Ley de la Seguridad Social sobre recargo en las cotizaciones.

Además, el sindicato exige una justificación previa para el uso de esta modalidad contractual, la fijación de topes específicos al encadenamiento de los mismos y ampliar el ámbito de aplicación del recargo en la cuota a los contratos indefinidos de duración efectiva inferior a 7 días.

El análisis de los contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo en el mes de marzo, según su duración, señala que más del 90% del total tiene carácter temporal.

Entre los contratos temporales, además, resalta la proporción de contratos que se firman para un máximo de 7 días (de muy corta o mínima duración).

Casi el 30% de los contratos temporales tiene una duración igual o inferior a la semana. Una modalidad de contrato que ha ganado peso desde el inicio de la crisis (8 puntos desde 2009) y que afecta en mayor medida a mujeres y jóvenes.

Actualmente, el porcentaje de estos contratos para los hombres es del 25%, mientras que para las mujeres supone más: un 29% de la contratación total. Existe también una elevada correlación entre la edad y el uso de estos contratos de mínima duración. Hasta los 25 años, 1 de cada 3 contratos registrados tiene esta duración; entre los 25 y los 45 años, el porcentaje se sitúa entre el 25% y el 28%; a partir de esa edad baja progresivamente hasta el 20%.

La mayor parte de estos contratos se concentra en la modalidad de eventual por circunstancias de la producción, donde ocupan 45 de cada 100 contratos registrados en esta categoría. Asimismo, más de una cuarta parte de los contratos de interinidad tiene una duración máxima de una semana.

De los 402.679 contratos de duración máxima de una semana registrados en marzo, un 59% corresponde a una jornada completa de trabajo y un 41% a una jornada a tiempo parcial. Por su parte, del total de los contratos a tiempo completo, casi la cuarta parte tiene una duración máxima de 7 días; en el caso de los contratos parciales, el porcentaje se eleva por encima del 31%.

Destaca la incidencia de estos contratos en las actividades artísticas y de ocio (un 54,4% de los contratos del sector), la hostelería (un 43,4%) y las actividades sanitarias y servicios sociales (casi el 36%).  

La utilización intensiva de esta contratación no es ninguna novedad. Prueba de ello es que la Ley 12/2001 de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, establecía que “en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea inferior a siete días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 36 por 100…”.

Una disposición que anualmente se ha recogido y queda actualmente plasmada en el artículo 151 del nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Quedan fuera de esta normativa los contratos indefinidos, de interinidad, de formación y el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios.

Salvo estos casos, para el resto de contratos temporales de duración inferior a 7 días, la cuota total que las empresas aportan en concepto de Contingencias Comunes en el Régimen General es del 32,09% (con el recargo), en lugar del 23,60% como regla general.

Pese a esta “penalización” que se aplica en la cotización a la Seguridad Social por el uso de los contratos de mínima duración, no sólo se continúan utilizando, sino que su uso ha aumentado significativamente en estos últimos años: 8 puntos porcentuales desde 2009.

Las consecuencias de esta extrema temporalidad para los trabajadores y el conjunto de la sociedad son evidentes: aumento de la precarización de las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida de las familias; inestabilidad laboral; aumento del riesgo de siniestralidad; empeoramiento de la empleabilidad de las personas al no poder formarse; y mayor dificultad para el acceso a las prestaciones, de desempleo y de Seguridad Social.

Por ello, desde UGT exigimos medidas para evitar el uso abusivo y fraudulento de la contratación de corta duración en nuestro mercado de trabajo. Entre ellas:

  • Reclamamos el control de las situaciones de fraude, aumentando las sanciones y penalizando el uso injustificado de estos contratos de corta duración en aquéllas empresas que, de manera habitual y reincidente, los utilicen sin justificación.
  • Además, se debe implantar la presentación previa de una justificación en las relaciones laborales que vayan a tener una duración inferior a 7 días.
  • Paralelamente, es necesaria la fijación de topes específicos al encadenamiento de contratos de menos de 7 días, dado que la limitación actual del encadenamiento de contratos (24 meses sobre 30) queda lejos de poder solucionar el problema del encadenamiento de contratos de muy corta duración.
  • Así mismo, se debe ampliar el ámbito de aplicación del recargo en la cuota a los contratos indefinidos de duración efectiva inferior a 7 días, puesto que las situaciones anteriores pueden producirse a pesar de estar al amparo de un contrato indefinido, así como al resto de modalidades de contratación que actualmente quedan excluidas.

UGT y CCOO estamos desarrollando una campaña de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos. Queremos llevar el mayor número de firmas al Congreso y por eso estamos redoblando los esfuerzos en esta última etapa. Si aún no has firmado puedes acercarte a cualquier sede del sindicato de todo el territorio español donde están los pliegos para poder firmar esta Iniciativa. 

La crisis y las políticas de recorte han dejado un panorama desolador, cuyo máximo exponente es el de las personas que carecen de cualquier tipo de recursos. Dos millones de personas en desempleo no perciben ninguna prestación, casi un 10% más que el año anterior y la tasa de cobertura por desempleo no llega al 55%. 

Ante la alarmante situación del aumento de la pobreza y del número de personas que carecen de prestación por desempleo, a los sindicatos nos sobran razones para exigir reforzar la protección social y el establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos, destinada a garantizar unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales de las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí o para los familiares a su cargo. 

Se trata de establecer un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social y financiado vía Presupuestos Generales del Estado que permita a sus beneficiarios tener una cuantía de 426 euros, a aumentar en función del número de componentes de la unidad familiar.

Infografia_ILP_OK_Tercera_Final2.jpg

 

 

 

EL NUEVO CICLO ECONÓMICO Y POLÍTICO

 

La economía mundial sigue amenazada por episodios diferentes que reflejan la inestabilidad, la fragilidad y sobre todo la enorme incertidumbre sobre su evolución tanto en el futuro inmediato como a medio plazo.

Una situación de incertidumbre que se refleja en fenómenos como la devaluación del yuan y la situación económica general de China; los graves problemas en países emergentes muy relevantes como Brasil, en profunda recesión; los problemas de Rusia, derivados en parte por la evolución del precio del petróleo y las consecuencias del conflicto en Ucrania; o la falta de dinamismo económico en la eurozona.

A esto hay que añadir las dudas que han aparecido en las últimas semanas sobre la situación real del sistema financiero y, en especial, de algunas entidades sistémicas de Alemania o Francia. Ha pasado casi una década desde que en el verano de 2007 se empezaron a manifestar los problemas que carcomen al sector financiero mundial y seguimos prácticamente con esos mismos problemas de fondo. La hipertrofia financiera y el papel dominante de lo monetario sobre la economía real; los desequilibrios entre áreas geográficas que generan flujos de capital enormes y crecientes; la desigualdad social que debilita la demanda interna, al tiempo que genera enormes riquezas en manos de una minoría que busca rentabilizarlas en mercados especulativos y de corto plazo; la globalización sin normas ni controles, en especial del capital financiero…. Estas son las razones estructurales de la inestabilidad económica desde hace 30 años. Ninguna de ellas ha sido atajada, por lo que esa inestabilidad va a continuar.

La economía de la eurozona salió de la recesión pero sigue enferma, con un crecimiento económico raquítico, con una inflación casi en negativo y con una tasa de desempleo en los niveles más altos de su historia. La UE sigue atada al estancamiento económico a largo plazo, porque siguen dominando las políticas de austeridad de la Comisión Europea. Las relaciones económicas impuestas por las élites caminan en una Europa a dos velocidades: la Europa de los ricos y la Europa de los países del Sur. Es necesaria y posible otra política económica y social como venimos exigiendo desde las organizaciones sindicales.

La crisis del proyecto europeo se profundiza; a la aplicación de las medidas de austeridad y recortes sociales contra la mayoría de las clases trabajadoras -que tienen efectos devastadores para el empleo y han aumentado la pobreza y desigualdad-, hay que sumar el conflicto de Ucrania, la guerra en Siria, el ascenso electoral de la ultraderecha en el centro y norte de Europa, la denominada "crisis de los refugiados" -que cuestiona el derecho de asilo y refugio-, la reforma laboral contra los trabajadores y trabajadoras en Francia, las concesiones al Gobierno del Reino Unido para el referéndum, los criminales atentados contra los derechos humanos y la democracia de París, Ankara, Bruselas, etc., dibujan un panorama que, aprovechando el clima de seguridad antiterrorista, está suponiendo un aumento del racismo y la xenofobia y un recorte de las libertades democráticas.

Si no se adoptan medidas para corregir esta grave crisis del proyecto europeo se van a frustrar las aspiraciones sociales y democráticas de las clases trabajadoras: mayor democracia, más igualdad y más derechos laborales, sociales, políticos y de ciudadanía.

 

EXIGIMOS UN CAMBIO URGENTE

 

El rechazo sindical a las políticas de duro ajuste, austeridad y recortes en el Estado social, de devaluación salarial y de reformas laborales regresivas adoptadas durante estos últimos años, se ha llevado a cabo utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance para defender los intereses de los trabajadores, y haciendo frente a un ataque indiscriminado contra la esencia misma del sindicalismo.

Ahora se ha abierto un cambio de ciclo económico que debe ir acompañado de un nuevo periodo político. La economía española ha entrado en una fase de crecimiento que requiere de un giro estratégico para consolidarse.

UGT y CCOO exigimos una nueva política que sitúe en primera línea la recuperación del empleo estable, de los derechos económicos y laborales arrebatados a los trabajadores y trabajadoras y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en el plazo más corto posible.

La desigualdad aumentó en España por la crisis, y sobre todo, por la forma en que fue gestionada, hasta convertir a España en el país europeo con mayor desigualdad entre ricos y pobres. La sociedad española que sale de la recesión es más injusta.

Ha aumentado el número de personas y familias en riesgo de pobreza.

La tasa de cobertura de las personas desempleadas se ha desplomado, y es el reflejo del insoportable aumento de la desprotección a las personas que han pagado el precio más alto de la crisis: perder su trabajo.

La falta de empleo es el principal problema de la sociedad española. Parados y trabajadores pobres sufren el mayor riesgo de exclusión.

Es necesaria una distribución más justa de la riqueza generada entre salarios y beneficios para alcanzar el modelo social y democrático que defendemos los sindicatos..

El papel del sindicalismo es fundamental en este reparto primario de la renta, porque la negociación del salario –en el convenio colectivo- es un instrumento esencial para construir una sociedad justa, democrática y social.

Las élites económicas y políticas europeas, han aprovechado la crisis para llevar adelante un ataque sin precedentes al modelo social europeo.

Ahora, en la salida de la recesión, los sindicatos, con los trabajadores y trabajadoras, debemos recuperar los derechos sociales perdidos, recuperar los servicios y las prestaciones públicas, revertir los recortes habidos en la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, el sistema de protección al desempleo, el sistema público de pensiones..

Por todo esto, en este 1 de Mayo, CCOO y UGT, exigimos un cambio urgente en la política económica en nuestro país, que ponga en el centro la creación de empleo estable y con derechos, y la lucha contra la pobreza y la desigualdad social y salarial, a partir de incrementar la inversión pública y poner en marcha un cambio de modelo productivo, sostenible y equilibrado. Para ello, reivindicamos las siguientes actuaciones:

− Impulsar un plan de choque para el empleo, en todas sus dimensiones (parados de larga duración, jóvenes, mujeres, empleo público, formación, servicios públicos de empleo…).

− Realizar una verdadera reforma fiscal que aumente la recaudación y justicia del sistema.

− Derogar las reformas laborales que han significado un fuerte trasvase de rentas del trabajo al capital, y recuperar los derechos laborales.

− Fortalecer la negociación de los convenios colectivos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, reforzar los convenios sectoriales y garantizar la ultraactividad de los convenios.

− Aumentar los salarios de manera coherente con la fase de crecimiento económico, para reactivar el consumo de las familias y la creación de empleo y reducir las desigualdades y la pobreza.

− Recuperar la calidad de los servicios públicos, los servicios sociales y el empleo asociados a los mismos.

− Recuperar el poder adquisitivo, los derechos laborales y el desarrollo del Estatuto Básico de los Empleados Públicos.

− Aumentar el Salario Mínimo de manera progresiva para que alcance el 60% del salario medio.

− Revertir totalmente la última reforma de las pensiones, restablecer el Pacto de Toledo y asegurar el futuro del Sistema Público de Pensiones

− Mejorar el sistema de protección por desempleo para dar protección a las personas que carecen de ella.

− Implementar una nueva prestación de ingresos mínimos, como propone la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por UGT y CCOO, con el objetivo de garantizar una prestación económica a todas las personas en disposición de trabajar que carezcan de empleo y de ingresos suficientes.

− Impulsar una potente política industrial que contribuya a fortalecer nuestro sistema productivo y a generar empleo más estable y de más calidad.

 

OTRA POLÍTICA PARA EUROPA

 

CCOO y UGT consideramos que la razón de fondo de la situación de estancamiento de la economía en la UE, con riesgo de deflación, es la debilidad de la demanda interna, atenazada por las políticas de ajuste, los recortes de servicios públicos y la devaluación de los salarios.

UGT y CCOO estamos convencidos de que para corregir esta situación es imprescindible erradicar las políticas de austeridad y de recortes sociales, en el sentido que defiende y promueve la Confederación Europea de Sindicatos (CES), aplicando de manera efectiva un plan de inversiones más ambicioso que el denominado Plan Juncker, como el que propone la CES. Un plan para crear 11 millones de empleos, flexibilizar el calendario de consolidación fiscal en los países con déficit, aplicar una política presupuestaria y fiscal expansiva, mejorar los sistemas de protección social y su calidad, reducir las desigualdades y defender el sistema democrático de libertades.

 

DEFENDER LA DEMOCRACIA, LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y LOS DERECHOS

 

CCOO y UGT rechazamos rotundamente la regresión de libertades individuales y derechos fundamentales que la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) del Gobierno del Partido Popular han supuesto.

UGT y CCOO seguiremos apoyando y defendiendo a los casi trescientos compañeros y compañeras sindicalistas que todavía están incursos en procesos penales o administrativos por ejercer el Derecho de Huelga y actuar en defensa de los trabajadores. Por ello, vamos a seguir exigiendo la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y la retirada de la Ley Mordaza.

 

POR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD

 

CCOO y UGT, junto a la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), reclamamos este 1 de Mayo:

• La retirada del TTIP (el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre la Unión

Europea y Estados Unidos), que se ha negociado de manera opaca y al margen del diálogo social, y la no ratificación del CETA (el Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá), porque suponen una amenaza a los derechos económicos, sociales y laborales de las clases trabajadoras.

• La retirada de la firma por parte de la Unión Europea del Acuerdo ilegal e inmoral firmado con Turquía sobre las personas refugiadas -que atenta contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, contra la Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Derecho Internacional de los refugiados y refugiadas-, y cumplir con el derecho de asilo y refugio.

• El fin de todas las guerras y actuaciones terroristas, y de las violaciones de los derechos laborales, sindicales y civiles en todo el mundo.

 

UGT y CCOO opinamos que la nueva relación de fuerzas expresada por los resultados de las Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015 tiene que servir para satisfacer las reivindicaciones y aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras, expresadas en este Manifiesto.

Este 1 de Mayo debe ser una clara expresión del giro económico y social que demandamos la clase trabajadora.

 

 

#1mayo

 

 

La salud en el trabajo depende de leyes firmes, controles rigurosos y sindicatos fuertes.

 

28 de abril de 2016

Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo

 

El debilitamiento de la negociación colectiva conlleva pérdida de derechos y

la generalización de unas relaciones laborales marcadas por la precariedad.

 

Esta última característica se encuentra, sin ningún lugar a dudas, detrás

del incremento de los accidentes de trabajo. El mejor ejemplo de ello es

lo que ha sucedido en los últimos años en el sector industrial, hasta hace

poco paradigma de la estabilidad en el empleo. En los dos últimos años,

los nuevos contratos de duración inferior a una semana han pasado del

10% al 28% y la siniestralidad mortal en 2015 en ese mismo sector ha

crecido en un 45%. Una alta rotación de contratos de tan corta duración

impide garantizar los derechos de información y formación en los riesgos y

medidas preventivas existentes en la empresa. Por otra parte, cada vez es

más frecuente y está más extendida la descentralización productiva entre

las empresas españolas, lo que provoca una externalización de los riesgos

laborales hacia los autónomos y trabajadores de PYMES y subcontratas.

Pero existen más factores que influyen en el repunte de los accidentes

y unos de ellos es la desigualdad. Entre 2012 y 2014, último año de

que disponemos de índices de incidencia desagregados por sexo, la

siniestralidad en los hombres ha aumentado un 2,8% mientras que en las

mujeres el incremento ha alcanzado un 12,3%, casi 10 puntos de diferencia.

Las condiciones de trabajo en los sectores y actividades más feminizados

han sufrido con más rigor los efectos de la crisis y de las políticas de ajuste,

lo que unido a la falta de políticas eficaces de igualdad de género contribuye

al deterioro de la salud de las trabajadoras. Un dato para reforzar esta idea:

desde 2013 el número de partes comunicados de enfermedad profesional

con baja en mujeres es superior en términos absolutos al de los hombres

a pesar de ocupar un volumen menor de población.

Esta legislatura tampoco ha servido para solucionar el grave problema de

ocultación de Enfermedades Profesionales, sobre todo de aquellas más

graves y que comportan mayor sufrimiento a las personas afectadas y sus

familias. El caso del cáncer laboral es especialmente sangrante: mientras

que las estimaciones más conservadoras sitúan en 9.000 casos el número

de nuevos diagnósticos anuales de cáncer en España atribuibles a

exposiciones laborales, las Mutuas sólo han comunicado 23 en 2015, 19 de

ellos por exposición al amianto. De forma similar, los trastornos producidos

por los riesgos psicosociales siguen sin ser registrados, a pesar de su

incremento debido al deterioro de las relaciones laborales producto de la

crisis. En definitiva, las enfermedades ocasionadas por el trabajo terminan

derivándose a los Servicios Públicos de Salud en lugar de a las Mutuas,

infradeclarando su número, aumentando el gasto público y erosionando la

prevención porque lo que no existe no se previene.

Ante este panorama, en el marco del 28 de Abril, Día Internacional de la

Salud y la Seguridad en el Trabajo y ante el inicio de una nueva legislatura,

CCOO y UGT queremos trasladar a la sociedad española y en especial a

los partidos políticos la necesidad de poner en marcha las transformaciones

necesarias para forzar un cambio de rumbo en la prevención de riesgos

laborales adecuándola a realidad laboral actual.

 

La LPRL sigue siendo un instrumento útil para la salud laboral, pero es

necesario derogar todas las normas que han impedido que todos los

colectivos tengan el mismo grado de protección de su salud. Las reformas

laborales han extendido la precariedad, han instalado el miedo a perder el

empleo, han individualizado las relaciones laborales, dificultado el ejercicio

efectivo de derechos y profundizado en la desigualdad.

 

Se debe revertir la reforma del marco jurídico de las Mutuas, ya que

supone un nuevo recorte en los derechos de los trabajadores y que sólo ha

servido para que éstas invadieran competencias de los servicios públicos,

privatizando la gestión de actividades que deberían ser exclusivas de

la Seguridad Social. Hay que frenar la creciente dualización del sistema

público de salud, una sanidad para población activa a través de las

Mutuas y otra para la inactiva cada vez más deteriorada, que supone de

facto uno de los procesos de privatización de la Sanidad más intensos y

desconocidos. Este proceso se ha agravado con la venta de las Sociedades

de Prevención de las Mutuas a grandes grupos privados, monetizando la

salud laboral y desnaturalizando la vigilancia de la salud en el trabajo, que

de ser un derecho de los trabajadores está pasando a convertirse en un

mecanismo de control empresarial y de ajuste de plantillas.

 

Desde la publicación de la LPRL hemos aprendido que la mera aprobación

de una legislación adecuada no garantiza la protección sin la existencia

de controles estrictos. Para ello exigimos a las administraciones que

intensifiquen las políticas activas en materia de prevención dotando con

los suficientes medios económicos y humanos a los organismos técnicos

como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en Trabajo o los institutos

autonómicos. La Inspección de Trabajo debe incrementar sus plantillas de

inspectores y subinspectores, reforzar y actualizar su formación y dotar de

personal al recientemente creado cuerpo de subinspectores especializados

en salud y seguridad en el trabajo. Y se hace más necesario que nunca

el pleno desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el

Trabajo 2015-2020, haciendo especial hincapié en todas las cuestiones

relacionadas con enfermedades de origen laboral.

 

Y en el marco de la empresa, es preciso que se recuperen las inversiones

en prevención y, sobre todo, la centralidad de la negociación colectiva en las

relaciones laborales. La negociación colectiva está estrechamente ligada

a la presencia de sindicatos en los centros de trabajo, lo que constituye

la mejor garantía para el ejercicio de derechos y para la protección

de la salud. Es un hecho que en los centros de trabajo en los que hay

presencia sindical hay menor siniestralidad laboral y mejores condiciones

de seguridad y salud. Sin embargo, en nuestro país hay un millón de

empresas con menos de 6 trabajadores, en las que trabajan dos millones

de personas que no tienen derecho a elegir un delegado de personal, y

una estructura productiva basada en la pequeña y muy pequeña empresa

que dificulta la implantación de los sindicatos en una gran parte del tejido

productivo. Por ello, de nuevo volvemos a reclamar el establecimiento de la

figura del delegado de prevención territorial o sectorial que pueda acceder

al control de las condiciones de trabajo en estas empresas, con las mismas

competencias y garantías que determina la LPRL para los delegados de

prevención y con el objetivo de asegurar el ejercicio al derecho a la salud

y a la seguridad y los niveles de protección a estos trabajadores en los

mismos términos que en el resto de las empresas.

 

Como cada 28 de Abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad

en el Trabajo, UGT y CCOO vamos a recordar a las trabajadoras y los

trabajadores que fallecieron o perdieron la salud mientras se ganaban la

vida y nos comprometemos a luchar durante el resto del año para acabar

con la precariedad, la desigualdad y las injustas condiciones de trabajo que

se encuentran tras los accidentes y las enfermedades de origen laboral.

Claim betting bonus with GBETTING