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¿Por qué?

Porque hay que crear empleo de calidad, con valor añadido, para que los jóvenes que salen de las universidades y los centros de formación profesional tengan alternativas y eso es hablar de industria.

¿Cómo?

Elaborando una política industrial a largo plazo, con planes y objetivos adecuados a cada momento y con una continuidad que permita la consecución de los objetivos.

A través de una consideración integral de los sistemas productivos y de servicios, que permita el diseño  de un modelo de crecimiento con una base industrial sólida.

Con una política incentivadora de la inversión que apoye la innovación, la investigación y el desarrollo y que se conjugue con una política de formación y cualificación que invierta en la capacitación profesional de los trabajadores y trabajadoras.​

​¿Por qué?

Los recortes del Gobierno han paralizado y desmantelado la Ley de Dependencia. De hecho, el sistema atiende ahora a menos personas, tiene prestaciones más bajas, ha aumentado el copago y se han reducido el número de horas de atención en el domicilio.

¿Cómo?

Hay que exigir la aplicación de la ley de dependencia, para que se garantice la atención y cuidados de forma integral y aumentar la cuantía de las prestaciones al menos en un 20%, estableciendo la compatibilidad entre determinadas prestaciones.

¿Por qué?

No podemos permitir que siga avanzando la pobreza y la desigualdad en España.

¿Cómo?

Debe establecerse una prestación de ingresos mínimos que amplíe la acción protectora de la Seguridad Social y garantice unos ingresos básicos para atender las necesidades básicas que las personas que carecen de empleo y, en su caso, para los familiares a su cargo.

Hay que poner fin a los desahucios de primeras viviendas si no están acompañados de alternativas para los desalojados y garantizar un mínimo social de suministro que impida la pobreza energética.

Además, es necesario construir un sistema público de servicios sociales, como parte fundamental del cuarto pilar del Estado de Bienestar, con prestaciones y servicios suficientes que garanticen una protección universal.

¿Por qué?

Cada día 2 trabajadores fallecen en España como consecuencia de su trabajo, 8 sufren un accidente grave, 1.219 tienen un accidente leve y 1.551 sufren un accidente sin baja en el transcurso de su actividad profesional. Igualmente, cada día son víctimas de una enfermedad profesional 65 personas.

La prevención de riesgos laborales parece continuar siendo una cuestión de segundo orden, en el plano político y empresarial. Y eso a pesar del enorme coste social, pero también económico que representa para nuestro país. Por otro lado, la creciente precarización del mercado laboral es un caldo de cultivo para los accidentes de trabajo.

¿Cómo?

Aparte de actuar sobre la precarización del trabajo, a través de la derogación de las reformas laborales e incentivando empleo estable y con derechos, es necesario revisar el sistema de calificación y declaración tanto de los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales, estableciendo un sistema de clasificación por gravedad.

Al mismo tiempo es preciso eliminar íntegramente los artículos 20.4 del Estatuto de los Trabajadores (ET) que permite al empresario verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, el 52.d ET, que regula la extinción del contrato por faltas de asistencia aun siendo justificadas, y 54.f  ET, para que las adicciones no sean causa de despido o sanción. Asimismo es preciso derogar la normativa de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (Ley 35/2014).

​-    ¿Por qué?

La crisis y las políticas de austeridad y recorte están produciendo un sufrimiento excesivo en la población de nuestro país. Medidas que afectan gravemente a la clase trabajadora, que no están garantizando la igualdad de trato y oportunidades y que están generando mayores niveles de desigualdad.

En este contexto, se está produciendo una lenta pero inexorable expulsión de las mujeres del mercado laboral. Cada vez se les contrata menos y hay una mayor brecha salarial respecto a los hombres. La pérdida de empleo femenino triplica ya a la pérdida del masculino y la brecha salarial alcanza el 24%.

Además, las medidas del Gobierno obstruyen la posibilidad de conciliar la vida personal y familiar, con incumplimientos en esta materia como la posibilidad de ampliar el periodo de paternidad.

-    ¿Cómo?

Aprobando y haciendo efectiva una ley de igualdad salarial para reducir la brecha salarial.

Desarrollando legislativamente los Planes de Igualdad.

Implementando en el primer año de legislatura la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas prevista para 2011 en la Ley de Igualdad, y que no se ha cumplido.

Desarrollando un Plan Integral por la Igualdad y contra las violencias machistas.

Mejorando y equiparando derechos en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Aprobando una ley de igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación de aplicación para todas las personas, y exigir el cumplimiento en materia de contratación de las personas trabajadoras con discapacidad.

¿Por qué?

Es una ley impuesta que no da respuesta a las necesidades de nuestro sistema educativo, que ha sido altamente cuestionada por la comunidad educativa y está basada en la segregación y la exclusión y genera un modelo educativo empobrecido en el que se lesiona la equidad.

¿Cómo?

Es necesario derogar la LOMCE y sustituirla por una Ley educativa que sea fruto del consenso y el pacto político y social por una educación que cuente con la participación no sólo de las fuerzas políticas sino del conjunto de la comunidad educativa y, por tanto, también de los sindicatos.
Una ley que haga efectivos los principios de equidad, excelencia e impulso de la escuela y la universidad públicas.

 

El punto 9 de las #20actuaciones por el Progreso y el Bienestar Social, que proponen los sindicatos a los partidos políticos, es recuperar el consenso político y social sobre pensiones, lo que implica recuperar el Pacto de Toledo y el diálogo social en esta materia.  Para ello deben derogarse las reformas sobre las pensiones, impuestas por el Gobierno del Partido Popular, desde 2012.

¿Por qué?

Para garantizar la sostenibilidad del sistema, evitar que se haga negocio a costa de las pensiones públicas y que los pensionistas presentes y futuros pierdan poder adquisitivo. Muchos de los pensionistas están siendo el colchón económico de sus hogares, azotados por el paro. A los recortes en sus pensiones se unen medidas que también merman su poder adquisitivo como el copago farmacéutico.

¿Cómo?

  • Reactivar el Pacto de Toledo e iniciar un proceso de concertación social para la mejora de los ingresos de la Seguridad Social.
  • Derogar la reforma por la que se estableció en 2013 el Factor de Sostenibilidad y el nuevo índice de Revalorización del Sistema de Pensiones.
  • Recuperar la jubilación anticipada y promover la jubilación parcial a los 60 años con contrato de relevo.

Establecer nuevos mecanismos de financiación completando la separación de fuentes con el objetivo, en un periodo de tiempo a determinar mediante acuerdo, de que las cotizaciones sociales financien la parte contributiva del sistema y la no contributiva, incluyendo los gastos de gestión, se financien con cargo a impuestos generales.

 ELECTORES

 

1.      Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales, o lo haga por un período inferior a dos horas, no tendrán derecho a permiso retribuido.

 

2.      Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales tendrán permiso retribuido de dos horas.

 

3.      Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis con el horario de apertura de las mesas electorales tendrán un permiso retribuido de tres horas.

 

4.      Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo coincida en seis o más horas con el horario de apertura de las mesas electorales tendrán un permiso retribuido de cuatro horas.

 

5.      En los trabajadores/as a tiempo parcial los permisos retribuidos se verán reducidos en proporción a la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual de los trabajadores/as a tiempo completo.

Corresponde a la empresa la distribución del periodo en que los trabajadores/as disponen del permiso para acudir a votar.

Aquel que esté en una de esas circunstancias debe comunicar a su empresa su intención de votar ese díacon el permiso retribuido que le corresponda. Hacedlo por duplicado (una copia para la empresa y otra para vosotros/as) para luego poder justificar que lo solicitasteis. Pedid el justificante en la mesa electoral como que habéis votado.

 

MIEMBROS DE LA MESA E INTERVENTORES

 

En el caso de presidentes/as, vocales e interventores/as tendrán derecho a permiso retribuido durante toda la jornada laboral correspondiente al día de la votación, y de cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior. Cuando se trate de apoderados/as, el permiso solo corresponderá a la jornada correspondiente al día de la votación.

Si alguno de los trabajadores/as comprendidos en este apartado tuviera que trabaja en el turno de noche la jornada inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa a petición del interesado/a, deberá cambiarle el turno a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación.

 

 

 

TODOS/AS LOS TRABAJADORES/AS DEBEN SOLICITAR JUSTIFICANTE A LA MESA ELECTORAL.

.- ¿Por qué? 

La crisis y las políticas de austeridad y recorte han dañado gravemente los pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar. Los servicios fundamentales de la ciudadanía se han deteriorado de tal manera que el resultado es el aumento de las desigualdades, los niveles de pobreza y la desprotección social. El fortalecimiento y revitalización de estos servicios debe ser una prioridad para el nuevo Gobierno, con el fin de dar cobertura y prestación a toda la población. Ningún ciudadano se debe quedar sin protección social pública.

.- ¿Cómo?

Hay que incrementar el gasto social en Sanidad, Educación, Protección Social y Ayuda a la Dependencia, hasta al menos recuperar, en un plazo máximo de dos legislaturas, los niveles que teníamos antes de la crisis.

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7.- Promover un suelo de gasto social en la Constitución

- ¿Por qué?

Establecer un suelo de gasto social en la Constitución es fundamental para que garantizar las prestaciones y servicios públicos esenciales para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Hay que preservar niveles de protección suficientes en servicios como la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, la protección por desempleo o las pensiones. No podemos permitir que las dotaciones servicios sociales básicos se vean afectados y/o reducidos por las reglas de limitación del déficit público, y las medidas que de ello se deriven, procedentes de la Unión Europea y los Gobiernos nacionales.

.- ¿Cómo?

Hay que revertir la reforma del artículo 135 de la Constitución Española de 2001 que, de manera precipitada y sin el necesario debate y respaldo social, priorizaba el pago de la deuda frente a la garantía de los servicios y prestaciones públicos. Un artículo constriñe las capacidades de desarrollo del país, limita innecesariamente los márgenes de la política fiscal y amenaza el buen funcionamiento de políticas esenciales para el estado de bienestar.

Y aumentar progresivamente el gasto social para converger con los países de la UE, de manera que en los próximos cuatro años, se reduzca a la mitad la actual diferencia.

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6.- Una reforma fiscal más justa y con mayor poder recaudatorio

5.- Reforzar las políticas de empleo y proteger a los desempleados

4.- Hay que subir los salarios

3.- Acabar ya con las políticas de austeridad

2.- Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012

 

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