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La Unión General de Trabajadores exigirá un compromiso real de los partidos políticos con la defensa del derecho de asilo y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes tanto en España como en las instituciones europeas. Es necesario promover un nuevo enfoque de la política europea de migraciones en la que el objetivo principal sea impedir que las personas mueran o pongan en peligro su vida, intentando llegar a territorio europeo y cumplir los compromisos de reubicación y reasentamiento de solicitantes de asilo, y que España denuncie y retire su respaldo al Acuerdo Unión Europea y Turquía.

La Unión General de Trabajadores quiere de los partidos políticos un compromiso real con la defensa del derecho de asilo y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes en España y en las instituciones europeas.

El sindicato sostiene que se debe garantizar la igualdad de trato y la integración de los trabajadores migrantes, promover la tolerancia y luchar contra todas las formas de discriminación, racismo o xenofobia.

Para ello es necesario que España promueva un nuevo enfoque de la política europea de migraciones en la que el objetivo principal sea impedir que las personas mueran o pongan en peligro su vida intentando llegar a territorio europeo.

Además es urgente cumplir los compromisos de reubicación y reasentamiento de solicitantes de asilo y que España denuncie y retire su respaldo al Acuerdo Unión Europea y Turquía.

Y extender los derechos laborales, incluidos los de libre sindicación, a las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

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UGT considera fundamental adoptar medidas para fortalecer la democracia y hacerla más igualitaria, después de cuatro años de regresión en la calidad de vida y las libertades.  Por ello es necesario derogar la Ley Mordaza, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de tasas judiciales o la modificar la Ley de Extranjería -que permite el rechazo de inmigrantes en frontera-. El sindicato apuesta además por suprimir el art. 315.3 del Código Penal -que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga- y por promover una reforma para incluir en la Constitución mecanismos extraordinarios de consulta ciudadana cuando se trate de aspectos de decisión pública de especial relevancia.

 

Aprovechando su mayoría absoluta parlamentaria durante la pasada legislatura, el Gobierno del Partido Popular utilizó la crisis y su devastador impacto sobre los ciudadanos para imponer una serie de cambios legales de calado que pretenden imponer a la sociedad su particular ideario, neoliberal, con un desprecio absoluto por el diálogo social y las instituciones de control del Gobierno, a las que ha degradado en sus funciones de manera visible 

En conjunto, la pasada legislatura ha supuesto una verdadera regresión en la calidad de la democracia y de las libertades. Por eso es necesario adoptar las actuaciones precisas para construir un sistema económico más eficiente y sostenible, pero también una sociedad más democrática e igualitaria.

 

Por eso es preciso:

- Derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza).

- Derogar el art. 315.3 del Código Penal, que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga.

- Exonerar a todos los trabajadores y trabajadoras procesados y/o condenados por participar en una huelga, eliminando los expedientes que se les han abierto y tomar todas las medidas legales necesarias, indultos incluidos, para cerrar todos los procedimientos.

- Promover una reforma constitucional para incluir mecanismos extraordinarios de consulta ciudadana cuando se trate de aspectos de decisión pública de especial relevancia, así como la fijación de instrumentos de control democrático ante los excesos de una actuación abusiva de los gobiernos.

- Derogar la Ley 41/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- Adoptar un plan integral para una justicia moderna eficaz y de calidad.

- Derogar la Ley de tasas judiciales 10/2012.

- Derogar la modificación de la Ley de Extranjería que permite el rechazo de inmigrantes en frontera, vulnerando convenios y tratados internacionales.

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​La Secretaria Ejecutiva Confederal, Isabel Araque, considera que la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 ha facilitado la explotación laboral y la realización de horas extras no pagadas. Así, de 2010 a 2015 el número de horas extra pagadas se han reducido un 13,8% y las horas extra no pagadas han crecido en un 33,5% (797 millones de horas extra no pagadas en este periodo). Esta última circunstancia ha hurtado a los trabajadores y trabajadoras de unos salarios que legítimamente deberían haber percibido que sumarían más de 12.500 millones de euros en ese período, lo que también ha mermado las arcas de la Seguridad Social en unos 3.500 millones de euros en forma de cotizaciones no pagadas.

Araque achaca este aumento de las horas extra no pagadas a tres circunstancias:

- la presión que ejerce el elevado desempleo sobre los trabajadores y trabajadoras, que hace que se vean obligados a aceptar condiciones laborales cada vez más desfavorables por el miedo a no salir de la situación de desempleo o a caer en ella.

- los sucesivos cambios en la normativa laboral que han ido dando más poder de decisión a los empresarios, y sobre todo la reforma laboral del gobierno del Partido Popular de 2012, que desequilibró la correlación de fuerzas en la negociación colectiva de manera drástica.

- Y el auge del contrato a tiempo parcial durante la crisis, que con la regulación dada por la reforma laboral de 2012, permitía la realización de horas extraordinarias, con lo que muchas veces un contrato de jornada parcial encubría jornadas casi idénticas a las de un contrato a jornada completa. En diciembre de 2013 se produjo un cambio normativo por el cual se prohibieron las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, pasando a regularse las denominadas “horas complementarias”, que son pactadas de antemano en el contrato. Esto ha podido desincentivar la utilización del tiempo parcial de una manera tan abusiva como hasta 2013.

Araque desmiente además que las horas extra sean sinónimo a flexibilidad laboral, “tienen que ver con el abuso empresarial y la explotación laboral” porque “ninguna norma exime a los empresarios de retribuir el exceso de jornada que realizan los trabajadores. Todas las horas trabajadas deben pagarse”- ha dicho.

Además, durante etapas de crisis y de “elevado desempleo”, como la que vivimos desde 2008, la inseguridad que perciben los trabajadores aumenta, y por eso hay empresas que se aprovechan de ello para exigir condiciones laborales que entran de lleno en la ilegalidad. Araque considera que muchos de los trabajadores no denuncian estas situaciones abusivas ante el miedo a perder su puesto de trabajo.

La crisis ha puesto en evidencia el papel del sector industrial. En España, la debilidad del tejido productivo ha impedido a la industria afrontar la crisis en condiciones adecuadas, produciendo efectos devastadores en el desarrollo de las empresas y del empleo. UGT considera imprescindible un Plan Estratégico para la Industria, con el compromiso conjunto de los sectores público y privado, que se sitúe como eje principal del cambio de modelo productivo y fije así un patrón de crecimiento sólido y estable. Un plan basado en mayor inversión en tecnología e innovación, en una política energética más eficiente o en una política industrial más sólida, entre otras cuestiones. 

 

Desde antes de la crisis, UGT ha defendido la necesidad de un cambio de modelo productivo que permitiera un patrón de crecimiento más sólido y estable. Necesitamos un proyecto definido, con vocación de permanencia en el tiempo, pero con facilidades de adaptación, que permita cambiar las débiles bases productivas y adecuar las infraestructuras físicas y técnicas.

 

El fortalecimiento del sector industrial requiere un verdadero Plan Estratégico para la Industria, que tiene que contemplar actuaciones horizontales en materias de política industrial, pero también políticas que garanticen el correcto desenvolvimiento de las industrias, que incluye actuaciones administrativas, en materia de infraestructuras, política energética, suministros y servicios a empresas industriales, formación profesional, fiscalidad, financiación y empleo. En definitiva, una política integral dirigida a modificar nuestro modelo de crecimiento, que debe contar con el compromiso conjunto de los sectores público y privado.

 

Para UGT, este plan tiene que tener como contenidos una política industrial a largo plazo, con planes y objetivos adecuados a cada momento; una consideración integral de los sistemas productivos y de servicios, que permita el diseño de un modelo de crecimiento con una base industrial sólida; una política incentivadora de la inversión, con apoyo a la innovación, la investigación y desarrollo, que debe conjugarse con una política de formación y cualificación, invirtiendo en la capacitación profesional de los trabajadores; y una política energética más eficiente, con un mix energético que facilite mayor independencia y mayor seguridad en el suministro.

 

Además, hay que recuperar la inversión pública en infraestructuras; incrementar del tamaño de las empresas y la internacionalización, a través de las exportaciones; favorecer la financiación de proyectos de futuro; alcanzar el objetivo de al menos un 3% del PIB de la UE en Investigación y Desarrollo (I+D); y movilizar el potencial de las zonas rurales como motor de desarrollo e innovación para alcanzar la cohesión social, territorial y económica en Europa, entre otros elementos.

 

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La Unión General de Trabajadores recuerda que durante la legislatura anterior, el Gobierno desmanteló la Ley de Dependencia recortando su presupuesto y limitando el acceso a ayudas, prestaciones y servicios a los beneficiarios. El sindicato denuncia que se ha pasado de un sistema de protección garantista a uno asistencialista que no tiene en cuenta las necesidades de los dependientes y sus familias y, en muchos casos, les abandona a su suerte.

A lo largo de estos últimos años hemos asistido a un proceso de recortes en la Ley de Dependencia. Se ha pasado de un sistema de derechos, que aún se encontraban en proceso de desarrollo y, por tanto, era susceptible de mejora y participación a un sistema asistencialista que no tiene en cuenta los servicios y prestaciones que reciben los beneficiarios. Es necesario garantizar el derecho a ser atendido en situación de dependencia a través de una respuesta integral e integrada de atención y cuidados básicos a las personas en situación de dependencia y a sus familias para.

Para ello es preciso:

- Desarrollar un sistema de acreditación profesional del sector y un sistema de coordinación sociosanitaria, que garantice una atención social y sanitaria sin que suponga un detrimento de derechos universales; asegurando la participación de los interlocutores sociales más representativos en los procesos de concertación y diálogo social.

- Exigir la aplicación de la ley de dependencia, para que se garantice la atención y cuidados de forma integral, de tal forma que se asegure la percepción de las prestaciones universales y públicas como un derecho subjetivo.

- Garantizar una protección eficaz de las situaciones de dependencia a través del incremento en la intensidad de los servicios, el aumento de la cuantía de las prestaciones al menos en un 20%, retornando a las cuantías establecidas antes de su reducción y establecer la compatibilidad entre determinadas prestaciones de tal forma que se alcance una protección íntegra.

- Desarrollar un sistema de acreditación profesional del sector por medio del cual, las administraciones públicas se comprometan a realizar las respectivas convocatorias para la acreditación de la experiencia laboral de aquellos trabajadores y trabajadoras del sector que en la actualidad no tienen reconocida, garantizándose los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que se encuentran en proceso de cualificación.

- Desarrollar un sistema de coordinación sociosanitaria, que garantice una atención social y sanitaria sin que suponga un detrimento de los derechos sanitarios universales y gratuitos, que ya viene recibiendo la población; asegurando la participación de los interlocutores sociales en los procesos de concertación y diálogo social.

 

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Con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra hoy, UGT denuncia la falta de compromiso y la inacción de la Unión Europea y el Gobierno español para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados.

 

El programa de reubicación, (aprobado en septiembre de año 2015 y que expira en septiembre de 2017) conlleva el compromiso de reubicar a 160.000 personas en dos años, pero en 11 meses los estados miembros solo han reubicado a 3.856 personas, un 2,4% del total.

 

Además en España sólo se han reubicado un 2,1% del total, es decir 197 personas de las 9.323 asignadas a nuestro país. UGT denuncia que a este ritmo la Unión Europea tardaría 38 años en cumplir el compromiso y España más de 42 años.

 

El sindicato exige a los partidos políticos de ámbito parlamentario que sean corresponsables en la resolución de la emergencia humanitaria que se vive en el seno de la Unión Europea y que asuman los retos señalados por las Naciones Unidas en la Cumbre humanitaria mundial.

 

Bajo el lema “Una humanidad”, las Naciones Unidas celebran el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y llaman a la solidaridad con los más de 130 millones de personas que precisan en todo el mundo asistencia humanitaria para sobrevivir. Este año, el Día Mundial se centra en el necesario compromiso con las personas afectadas por la crisis y en la garantía de que los trabajadores humanitarios puedan desarrollar de forma segura su tarea.

 

El pasado mes de mayo se celebró en Estambul la primera Cumbre Humanitaria Mundial convocada por Naciones Unidas en respuesta al “nivel más alto de sufrimiento humano desde la Segunda Guerra Mundial”.

 

Cinco fueron los retos y responsabilidades que el Secretario General de Naciones Unidas pidió a Gobiernos y sociedad que asumieran: prevenir los conflictos y ponerles fin, respetar las normas de la guerra, no dejar a nadie atrás, trabajar para poner fin a las necesidades e invertir en la humanidad.

 

La crisis humanitaria en el seno de la Unión Europea es una de las consecuencias de no asumir esas responsabilidades, ni como Gobierno nacional, ni como parte de la Unión. El programa de reubicación de solicitantes de protección internacional, es uno de los elementos más visibles de la inacción y la falta de compromiso.

 

Según datos de la Organización Internacional de Migraciones, de 10 de agosto, han sido reubicadas en los Estados miembros 3.856 personas, 2.895 desde Grecia y 961 desde Italia.

 

El programa de reubicación, aprobado en septiembre de año 2015, conlleva el compromiso de reubicar a 160.000 personas en dos años. En 11 meses, los Estados miembros solo han acogido al 2´4% de un compromiso que expirará en septiembre de 2017.

 

En el caso del Gobierno español, y según datos del Ministerio del Interior del mes de julio, se han reubicado 197 personas de las 9.323 asignadas a España, el 2,1% del total. A este ritmo la Unión Europea, tardaría 38 años en cumplir el compromiso y España, más de 42 años.

 

Una de las primeras tareas que la Unión General de Trabajadores exige a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios, es que cumplan el compromiso y sean corresponsables en la resolución de la emergencia humanitaria que se vive en el seno de la Unión Europea. Y que la política española asuma los retos señalados por las Naciones Unidas en la Cumbre humanitaria mundial.

Las políticas de austeridad y recorte han traído como consecuencia un aumento de las desigualdades y de la pobreza en nuestro país. 12,8 millones de personas están en riesgo de pobreza y más de 1,5 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. Por ello, UGT reclama un sistema público de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, a través de una ley que garantice y reconozca una protección social universal.


La crisis y las políticas adoptadas para combatirla han supuesto un aumento de las dificultades económicas de las familias y un agravamiento de las desigualdades y de la pobreza: la población en riesgo de pobreza asciende a 12,8 millones de personas y la severa afecta a más de 3 millones de ciudadanos; la pobreza infantil supera los 2 millones de niños y niñas; hay 1.572.900 hogares con todos sus miembros en paro; y ha aumentado en 116.600 el número de hogares sin ingresos laborales, hasta 721.900.


Por ello, UGT considera necesario reformular políticas que permitan un rescate para las personas de vulnerabilidad social, a la vez que desarrollar los servicios sociales en toda su extensión. Nos encontramos en un momento en el que es precisa la intervención de las Administraciones Públicas para desarrollar los servicios sociales garantizando los derechos de protección a las personas para asegurar la cobertura de las necesidades sociales básicas, y con ello alcanzar objetivos como la igualdad, la reducción de la pobreza, o la integración social y laboral.


El sindicato reclama un sistema público de servicios sociales como el cuarto pilar del estado de bienestar, en el que el conjunto de prestaciones y servicios que configuran los servicios sociales sea un derecho subjetivo, a través de una ley que, con pleno respeto a las competencias autonómicas, garantice y reconozca una protección social universal.


Desarrollar los servicios sociales en toda su extensión supone que el Estado en su conjunto asuma la eliminación de la pobreza coyuntural y reduzca la pobreza estructural, alcance un nuevo ámbito de protección, y destierre el concepto asistencialista para pasar al reconocimiento de derechos sociales basados en los principios de universalidad, equidad, y accesibilidad.

 

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Para UGT es esencial que el próximo Gobierno se comprometa a desarrollar un plan estatal de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que asegure la alimentación básica y el acceso a bienes esenciales tales como el agua, la electricidad, el gas y la calefacción de las personas sin recursos, así como el acceso a derechos fundamentales como la educación de calidad, la protección universal de la salud, la protección de la vivienda evitando su pérdida o el establecimiento de ayudas de emergencia social para los ciudadanos y ciudadanas que no tienen recursos mínimos.


En el momento actual, se hace más necesario que nunca abordar las nuevas situaciones de pobreza que se están presentando en nuestro país, derivadas de la persistencia e intensidad del desempleo masivo y de larga duración y el recorte de los servicios y prestaciones públicas esenciales.

 

Para ello es preciso desarrollar una estrategia global que permita abordar la lucha contra la pobreza y la exclusión social de forma transversal, permitiendo identificar líneas concretas de actuación, con objetivos claramente diferenciados. Pero también incidir de manera específica sobre las políticas que mayor incidencia tienen en la vida cotidiana de las familias, que afectan a dos de sus necesidades básicas más elementales: la vivienda y el acceso a la energía.

 

El sindicato considera que es urgente desarrollar un plan estatal de lucha contra la pobreza que establezca medidas puntuales dirigidas a atenuar el impacto social negativo en los grupos más vulnerables y mitigar las consecuencias de la crisis en el momento actual.


Estas medidas deben garantizar el acceso a derechos fundamentales como la educación de calidad, la protección universal de la salud, la protección de la vivienda evitando su pérdida, y el establecimiento de ayudas de emergencia social, concebidas éstas bajo los criterios de suficiencia y universalidad para los ciudadanos y ciudadanas que no tienen recursos mínimos.

 

Para ello, se deberán incrementar estas ayudas, de tal forma que se garantice una alimentación básica para todas las personas miembro de la unidad familiar, y el acceso a bienes esenciales tales como el agua, la electricidad, el gas y la calefacción.

 

UGT destaca además la importancia de desarrollar un plan estatal para el desarrollo de parques públicos de viviendas en alquiler a disposición de los Ayuntamientos, que aseguren el derecho a una vivienda digna y adecuada para aquellas personas que carezcan de recursos y se encuentren en situación de necesidad, con especial protección de las y los menores. Así mismo, deberá contener planes viables de reestructuración de la deuda, quitas o dación en pago para aquellas personas cuyo pago les es imposible.

 

En esta línea, también es preciso establecer un procedimiento acordado entre las administraciones públicas y el sector financiero para acabar con los desahucios de primeras viviendas que no estén acompañados de una alternativa para los desalojados o llegar a acuerdos con el sector eléctrico y las administraciones públicas que garantice un mínimo social de suministro para combatir la pobreza energética.

 

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La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas ha manifestado hoy que la propuesta del Bundesbank alemán de elevar la edad de jubilación hasta los 69 años es una medida impensable en un país como España en el que la mayor parte de los parados de larga duración son mayores de 55 años y más de la mitad de los jóvenes carecen de empleo.

 

Cristina Antoñanzas ha subrayado que para asegurar la sostenibilidad de las pensiones en España es necesario luchar contra la precariedad laboral provocada por la reforma laboral, ya que “la temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios están dando lugar a una reducción de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y esta tendencia sólo puede invertirse con empleo de calidad y mejores salarios, no mediante un aumento de la edad de jubilación. No es un problema de natalidad sino de número de cotizantes y calidad de las cotizaciones provocado por el alto desempleo, la precariedad y los bajos salarios”.

 

“Por el contrario, UGT apuesta por recuperar la jubilación parcial a los 60 años unida al contrato de relevo, entre otras cuestiones, como fórmula de salida para los trabajadores mayores e ingreso de los jóvenes en el mercado laboral con cotizaciones dignas y, al mismo tiempo, es fundamental buscar mecanismos que permitan a los parados mayores de 55 años acceder a pensiones dignas ya que, en la actualidad, la mayoría de estas estas personas difícilmente volverán a encontrar empleo después de haber cotizado durante más de 35 años y verán reducidas sus pensiones hasta un 50%”.

 

“Además”, ha destacado, “es preciso reactivar el Pacto de Toledo y abrir un espacio de negociación con los agentes económicos y sociales para buscar fórmulas definidas de financiación de la Seguridad Social vía presupuestos, suprimir los factores que debilitan el sistema de pensiones y sus ingresos, como la precariedad del empleo, la devaluación salarial y las políticas de reducción de cotizaciones, y completar la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social para que las cotizaciones sociales financien la parte contributiva y las prestaciones no contributivas y los gastos de gestión del sistema se paguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”.

 

La Vicesecretaria General de UGT, ha recordado que en España hay muchos sectores, en los que trabajar con esa edad en las condiciones adecuadas no es viable ni justo y que no sólo se puede pensar en la capacidad del trabajador de desarrollar el trabajo, hay anteponer la salud de esos trabajadores.

 

Para finalizar, Cristina Antoñanzas ha denunciado que tanto el Bundesbank como el Banco Central de España deberían centrarse en realizar su trabajo y “vigilar la actuación de los bancos –algunos rescatados con dinero público- antes que opinar sobre cuestiones que atañen a los trabajadores”.

 

La larga crisis y las políticas de austeridad impuestas han puesto de manifiesto la insuficiencia de nuestro sistema de protección social. La expulsión de millones de trabajadores y trabajadoras del mercado laboral ha incrementado sus niveles de pobreza y exclusión social ante la incapacidad de las redes públicas de protección de cubrir sus necesidades mínimas. Por ello, UGT reclama una prestación de ingresos mínimos que garantice unos ingresos básicos para las personas sin recursos, vinculada a la Seguridad Social, con una cuantía de 426 euros (que aumente en función de los componentes de la unidad familiar) que se mantenga mientras la persona esté en esta situación. De esta forma, lograremos que muchas personas puedan salir del umbral de la pobreza y vivir con dignidad.

UGT y CCOO han propuesto, mediante una Iniciativa Legislativa Popular, la creación de una prestación de ingresos mínimos que garantice unos ingresos básicos a todas aquellas personas que pudiendo y queriendo trabajar no pueden hacerlo, que carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad, y a quienes los actuales instrumentos de protección social no dan respuesta. Ante esta situación se debe incrementar el gasto social para que, a todos estos ciudadanos y ciudadanas, el sistema de protección social les garantice unos recursos mínimos. Se trata de configurar y ampliar el sistema de protección social actual, para que pueda amparar las situaciones nuevas que ahora se plantean.

Por ello, UGT cree que esta Iniciativa debe ser una de las primeras que se aborde en las Cortes de la próxima legislatura, puesto que responde a una emergencia social: garantizar unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales de las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí o para los familiares a su cargo.

Una prestación que va dirigida a personas entre 18 y 65 años, que no reúnen las condiciones para otras prestaciones y que lleven inscritos en el desempleo, al menos, un año, por lo que se calcula que los beneficiarios potenciales serían algo más de 2 millones de personas.

Un nuevo derecho subjetivo, vinculado a la Seguridad Social, financiado vía Presupuestos Generales del Estado, que permita a sus beneficiarios tener una cuantía de 426 euros, el 80% del IPREM de 2015 (532,51 euros), que aumentará en función del número de componentes de la unidad familiar y que se mantenga mientras la persona siga en esta situación; y que sería incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas) pero compatible con las de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de emergencia social o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier administración pública.

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