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UGT firma el convenio Convenio Colectivo del sector de almacenistas de Patatas de la Comunidad Autónoma de Madrid, para los años 2016 y 2017, mejorando sustancialmente el texto en cuestiones sociales, garantizando al colectivo de trabajadores un marco normativo laboral que garantice sus derechos. Y garantizando el poder adquisitivo con una subida global al final del convenio de un 2%.

 

Las prestaciones son un conjunto de medidas que pone en funcionamiento la Seguridad Social para prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren. En su mayoría económicas, las prestaciones son las siguientes:

 

Pulsa sobre ellas para tener más información oficial.

 

·         Asistencia sanitaria.

 

·         Incapacidad temporal.

 

·         Riesgo durante el embarazo.

 

·         Riesgo durante la lactancia natural.

 

·         Maternidad.

 

·         Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

 

·         Incapacidad permanente.

 

·         Lesiones permanentes no invalidantes.

 

·         Jubilación.

 

·         Muerte y supervivencia:

 

o    Auxilio por defunción.

 

o    Pensión de viudedad.

 

o    Prestación temporal de viudedad.

 

o    Pensión de orfandad.

 

o    Pensión en favor de familiares.

 

o    Subsidio en favor de familiares.

 

o    Indemnización especial a tanto alzado, en los supuestos de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

 

·         Prestaciones familiares:

 

o    Prestación económica por hijo o menor acogido a cargo.

 

o    Prestación económica por nacimiento/adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad.

 

o    Prestación económica por parto o adopción múltiples.

 

o    Prestación no económica.

 

·         Prestaciones por desempleo (SPEE)

 

·         Prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

 

·         Servicios sociales (IMSERSO u órganos competentes de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas).

 

·         Prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI):

 

o    Vejez SOVI.

 

o    Invalidez SOVI.

 

o    Viudedad SOVI.

 

·         Prestaciones del Seguro Escolar.

 

 

 

Tantas personas tienes a tu cargo, tanto te dan. Así funciona el sistema de puntos de la Seguridad Social.

 

Estas ayudas por hijos a cargo o menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción (también para hijos mayores de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65%) varían en función del número de hijos. Y de los ingresos familiares según unos límites:

 

·         Los ingresos familiares no pueden superar los 11.576,83 34 euros anuales.

 

·         Esta cuantía se incrementa en un 15% por cada hijo o menor acogido a cargo, a partir del segundo.

 

·         En el caso de familias numerosas con tres hijos, los ingresos anuales no podrán superar los 17.423,84 euros.

 

·         A partir del cuarto hijo, se incrementa en 2.288,18 euros por cada uno.

 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS POR HIJOS A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Estas ayudas por hijos a cargo se pagan cada seis meses en el caso de menores de edad y mensualmente si son discapacitados. Y la cuantía también varía:

 

·         291 euros anuales por cada hijo menor de edad

 

·         1000 euros anuales (250 euros mensuales) por cada hijo menor de edad con una discapacidad reconocida de 33%

 

·         4.418,80 euros anuales (367,90 euros mensuales) por hijos mayores de 18 años con una discapacidad superior al 65%

 

·         6.622,80 euros anuales (551,90 euros mensuales) por hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 75%

 

OTRAS AYUDAS POR HIJOS A CARGO

 

Aparte de esta prestación, las familias también pueden optar a otras ayudas por hijos a cargo:

 

·         Cheques familiares del IRPF: Para familias numerosas o monoparentales con dos hijos o más. Es una deducción de 1.200 euros.

 

·         Ayudas para partos múltiples: Oscilan entre los 2.565 euros y los 7.696 euros en función del número de recién nacidos.

 

·         Ayudas por nacimiento: Para familias monoparentales o numerosas. Consiste en un pago único de 1.000 euros destinado a familias monoparentales, numerosas o madres con una discapacidad del 65%.

 

·         Deducciones por maternidad: Tienen derecho a ellas las madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Son de hasta 1.200 euros anuales por cada hijo.

 

·         Ayudas para mujeres autónomas: Las madres solteras que trabajen por cuenta propia pueden disfrutar de una baja de maternidad de 16 semanas, siempre y cuando hayan cotizado un mínimo de 180 días en los últimos 7 años.

 

·         Subsidio por desempleo: Pueden solicitarlo los parados que hayan agotado la prestación por desempleo y que tengan hijos a cargo siempre y cuando las rentas familiares no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (655,20 euros mensuales en 2016).

 

·         Ayuda familiar: Para parados con cargas familiares y que hayan agotado la prestación por desempleo.

 

·         Plan Prepara: Para parados de larga duración con cargas familiares. Son entre 400 y 450 euros a percibir durante seis meses.

 

·         Programa Extraordinario de Activación para el Empleo: Esta medida está dirigida a los parados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios por desempleo, incluidos la Reta Activa de Inserción, el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI) y el Plan Prepara. La cuantía es de 426 euros mensuales durante un plazo de seis meses. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 15 de abril de 2016.

 

 

 

 
 

El empresario no puede imponernos la realización del reconocimiento médico ni utilizarlo para algo diferente a la vigilancia de nuestra salud, debe respetar nuestra intimidad, libertad, dignidad, integridad física y confidencialidad.

Dentro de las obligaciones legales establecidas para las empresas se encuentra la de garantizar una eficaz protección de la salud de los trabajadores. Conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) “El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo”.

 

Por lo tanto, los reconocimientos médicos deben considerarse como medidas dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores. Son un derecho de los trabajadores. Ahora bien, establece la Directiva Marco Europea 89/391/CEE de 12 de junio de 1989 la limitación de la facultad empresarial de realizar los reconocimientos médicos a la voluntad del trabajador.

 

De otra forma, los derechos fundamentales a la libertad, la dignidad o la integridad física resultarían afectadas. El trabajador debe necesariamente prestar su consentimiento, manteniendo siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de su persona, así como, la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

 

La voluntad del trabajador debe manifestarse mediante consentimiento informado e imposibilita el uso de los resultados del examen médico para fines distintos a los que justifican el reconocimiento, que no debe ser otro que la vigilancia de la salud en función de los riesgos previstos en el puesto de trabajo.

 

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia en sentencia de 3/11/2005 declaraba nulo el despido de una trabajadora a expensas del resultado de una analítica que le fue practicada. Dicha analítica arrojaba el resultado positivo en el consumo de cannabis. La Sentencia  del Alto Tribunal a su vez se apoya en otra del Tribunal Constitucional de donde podemos resumir:” los reconocimientos médicos no son un instrumento del patrono para controlar la salud de los trabajadores sino la expresión de un derecho de estos a la vigilancia de su salud”.

 

 

 

 

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Los jóvenes en España son uno de los colectivos más maltratados por el mercado de trabajo, especialmente en los últimos años de crisis. Así, prácticamente la mitad de los jóvenes, en edad de trabajar, está en paro y sólo un 12% de los contratos indefinidos registrado en marzo fueron para menores de 25 años.

UGT, que ha solicitado al Gobierno que cumpla con su compromiso y convoque la Comisión de Seguimiento del Plan de Garantía Juvenil, defiende el establecimiento de políticas específicas que incentiven el empleo juvenil y atajen la elevada precariedad de este colectivo. El sindicato defiende que se recupere el contrato relevo para incentivar la inserción laboral de los jóvenes y se asegure la estabilidad del empleo que se crea.

Es necesario poner en marcha políticas que atiendan las necesidades sociales. Uno de los colectivos más afectados por el desempleo y la precariedad es el de los jóvenes. En marzo, un total de 347.117 jóvenes menores de 25 años estaban registrados como desempleados en los Servicios Públicos de Empleo; un 8,55% del total. Un porcentaje que asciende si se considera la proporción de jóvenes que están inscritos como demandantes de empleo.

Las cifras del pasado mes muestran sólo una tímida caída del paro juvenil, inferior al 1%. Además, el colectivo de parados sin empleo anterior (un 51% son menores de 30) es el único que ha crecido en marzo, más del 1%.

Los últimos datos sobre el registro de Garantía Juvenil señalan que hay 219.509 inscritos (apenas el 17% de los potenciales beneficiarios, según la EPA) y, a pesar de las continuas peticiones, por parte de UGT, se desconoce qué actuaciones se están llevando a cabo en materia de formación y empleo.

El sindicato considera que es urgente impulsar medidas de choque para el empleo juvenil y reclama al Gobierno, en funciones, que cumpla con el compromiso adoptado en el último Consejo del Sistema Nacional de Empleo, sobre la participación activa de los interlocutores sociales en la Comisión de Seguimiento del Plan de Garantía Juvenil, tal y como indica el Plan de diciembre de 2013, en su página 40. Una convocatoria que tras casi medio año, aún no se ha producido.

Asimismo, UGT entiende que es necesario incentivar la inserción laboral de los jóvenes con modalidades de contratación que atajen la abusiva precariedad y temporalidad de la que son objeto. En este sentido, defiende la recuperación del contrato relevo.

Los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social referidos al pasado mes de marzo de 2016 y ofrecidos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social continúan siendo preocupantes.

 

En la Comunidad de  Madrid hay 458.434 personas desempleadas, 4.106 personas menos  que en febrero de 2016. Este casi medio millón de desempleados y desempleadas necesitan empleo o cobertura económica para seguir buscándolo y poder encontrarlo.

 

En UGT Madrid nos preocupa el aumento constante del número de personas sin prestación.

 

En febrero de 2016 había en nuestra Comunidad un total de 254.989 desempleados y desempleadas sin prestación, lo que supone un 55,13%.

 

El crecimiento de este colectivo de personas crece, mes a mes,  a un ritmo superior al del resto del Estado: en el último año se ha registrado un incremento del 3,97% en Madrid frente al descenso del -0,27% de España).

 

Continúa el aumento de la brecha de género: 1 de cada 5 parados es mujer en el segmento de edad entre 30 y 44 años y una cuarta parte de todos los parados son mujeres paradas de larga duración.

 

El desempleo se ceba especialmente en la población femenina con un total de 248.794 mujeres (54,27%) y 209.640 hombres (45,73%).

 

Si tenemos en cuenta que en Madrid el paro baja en 4.106 personas, menos del 1%, y que sube la afiliación a la Seguridad Social en 15.438 personas, podemos concluir que se continúa con la contratación a tiempo parcial y sobre todo temporal. En este caso, el descenso del paro tiene un claro componente estacional vinculado a la contratación en el Sector Servicios y concretamente en las empresas relacionadas con el turismo y la hostelería.

 

De todos los contratos indefinidos que se hacen, 3 de cada 10 son contratos a tiempo parcial y 1 de cada 4 contratos tienen una duración inferior a un mes. Por cierto, según los datos de la Inspección de Trabajo, en lo que llevamos de año se han convertido 613 contratos en indefinidos, a requerimiento de la Inspección que es una cifra casi similar a la variación anual de contratos indefinidos:  585 entre marzo de 2015 y marzo de 2016.

 

4 de cada 10 desempleados y desempleadas llevan más de un año en esta situación. Si a este dato le añadimos que 6 de cada 10 personas en desempleo tienen formación de estudios primarios, únicamente, y en muchos casos sin finalizar, tenemos la tormenta perfecta para que sea más difícil salir de esta situación.

 

Aunque el dato de este mes es un dato coyuntural, para UGT Madrid, no es suficiente este descenso. Creemos que se deben reforzar las políticas económicas e invertir en formación, en el sector industrial (donde el empleo es más estable) y en investigación, desarrollo e innovación (ya que en la Comunidad de Madrid se concentran los grandes centros de investigación).

 

Otra salida más a esta situación de precariedad son los incrementos salariales para reactivar la economía.

 

El próximo 15 de abril será el último día para que las personas en situación de desempleo puedan presentar la solicitud de incorporación al Programa de Activación para el Empleo (PAE). Esto sucederá en 11 días, salvo que el gobierno en funciones decida dar continuidad al mismo.

Ante esta situación, el 18 de marzo, UGT y CCOO remitíamos a la Ministra de Empleo y Seguridad Social una carta en la que exigíamos dar cumplimiento al RDL, en donde se indica que se procederá a una evaluación conjunta del mismo, con la participación de los interlocutores sociales, tres meses antes de la finalización de su vigencia.

La respuesta dada por el Secretario de Estado de Empleo ha sido la convocatoria de una reunión en el Ministerio, hoy 4 de abril. Una reunión a la que acudimos sin información ni documentación sobre los resultados alcanzados por el PAE, tan solo con algunos datos estadísticos de seguimiento de beneficiarios, solicitudes y denegaciones de acceso al Programa.

En ningún caso la evaluación del Programa ha sido conjunta, como determina el RDL, y desconocemos los resultados de la evaluación a la que se comprometió el gobierno tras los primeros seis meses de funcionamiento, y en la que lleva trabajando, como asegura, desde el mes de julio. Esto impide realizar un análisis conjunto para comprobar los resultados del Programa y, en su caso, determinar la necesidad de articular su continuidad o de realizar cualquier tipo de adaptación conjuntamente con los interlocutores sociales así como propuestas de mejora del Plan, que es fundamental, dado el bajo nivel de cobertura de la prestación por desempleo.

El Gobierno, a pesar del origen de este Programa (derivado del Acuerdo del 29 de julio de 2014, firmado entre el gobierno y los interlocutores sociales), mantiene así a las agentes sociales en un segundo plano, sin otorgarles participación activa.

Para UGT es urgente dar continuidad y extender el PAE, ampliando los criterios de acceso al mismo, ya que hasta la fecha, y a 11 días de su finalización, sólo ha dado cobertura a una cuarta parte de los posibles beneficiarios

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UGT suscribe y apoya el comunicado emitido hoy por la Confederación Europea de Sindicatos sobre el caso de los “papeles de Panamá”, que demuestra que la elusión y evasión fiscal de los más poderosos de este mundo empobrecen a la ciudadanía. Las reivindicaciones sindicales que son las nuestras seguirán exigiendo reformas fiscales de mayor control hacia los paraísos fiscales que redundan en negativo sobre el nivel de vida de los trabajadores.

Comunicado de la CES:

Papeles de Panamá: la evasión de impuestos debe ser detenida, afirma la CES

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) está indignada por la magnitud de la evasión de impuestos de nivel superior y la corrupción financiera revelada por la denominada Papeles de Panamá.

Más de 11 millones de archivos filtrados a partir de la base de datos secreta de la firma panameña Mossack Fonseca muestran que algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, incluyendo a los líderes políticos y celebridades, están evadiendo impuestos y ocultan su dinero en fondos extranjeros opacos, que también financian las empresas implicadas en el blanqueo de dinero, el tráfico de armas y el tráfico de drogas.

"Es una vergüenza que se hayan tenido que ser los periodistas los que identifiquen a estos estafadores, mientras que la UE y los gobiernos nacionales han sido incapaces de tomar medidas efectivas para detenerlos", ha afirmado Veronica Nilsson, Secretaria General adjunta de la CES. "Mientras que los ricos y poderosos están jugando con el sistema, la gente común está pagando el precio de la austeridad, el aumento del coste de la vida y el estancamiento de los salarios. 

La CES pide que se dé prioridad a la justicia fiscal y reformas eficaces para poner fin a la evasión”. “La Comisión Europea debería presionar para lograr unas finanzas públicas sanas e invertir en justicia fiscal en la llamada reforma estructural”.

Se ha roto el silencio gracias a la labor de periodistas de más de 80 países que han estado analizando los documentos. Doce jefes de Estado o ex miembros de gobiernos están entre 143 políticos, sus familias y asociados, algunos de ellos en Europa, acusados ​​de utilizar los paraísos fiscales en el extranjero.

La CES está exige:

  • Un centro de investigación fiscal a nivel europeo, EUROTAX, para investigar la evasión y elusión de los individuos adinerados, las empresas y los criminales;
     
  • Un impuesto sobre las transacciones financieras que se introducirá en todos los Estados miembros;
     
  • La inversión en las administraciones tributarias nacionales y los servicios de investigación como reforma estructural urgente;
     
  • La obligación de publicar las cuentas completas para las compañías multinacionales en cada país donde operan.

El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo estima que la Unión Europea está perdiendo cerca de 70 mil millones de euros de ingresos fiscales cada año como consecuencia de las prácticas de evasión de impuestos, lo que representa un poco más del 16% de la inversión pública en la UE.

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