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La Unión General de Trabajadores, a través de la Unión de Jubilados y Pensionistas ha iniciado una campaña para ayudar a las personas afectadas por la mala gestión de algunos viajes del IMSERSO a reclamar sus derechos como consumidores y usuarios.

 

El sindicato denuncia que, a lo largo de los últimos meses, los viajes realizados por el IMSERSO a Canarias y Baleares gestionados por MUNDIPLAN, han sufrido cancelaciones de última hora, cambios de destino, fecha y/o hotel, dificultades en los traslados, desatención a las personas, viajes con escalas cuando estaban contratados directos, separación de parejas en diferentes vuelos, etc. Graves deficiencias por las que UGT se ha dirigido en varias ocasiones a los responsables del IMSERSO.

 

En esta nueva temporada del programa, y ante esta nueva situación, UGT plantea que es fundamental que los usuarios conozcan sus derechos y, en este sentido, recuerda que, en caso de modificación en las condiciones del viaje contratado, los afectados tiene derecho a:

 

-Aceptar o no el cambio que la empresa te proponga;

-Saber que, en caso de cambio de hotel, deben ofrecer uno que figure en la lista de hoteles incluidos en el programa.

-Si la modificación se produce cuando ya se ha iniciado el viaje, no se está conforme, puede solicitar el regreso a su ciudad de origen.

-En caso de desistimiento del viaje, se puede pedir el reembolso ÍNTEGRO de las cantidades pagadas.

-Pedir las compensaciones que correspondan, según en la fecha en que se le comunique la modificación en base a lo recogido en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que especifica que “El usuario tiene derecho a: un 5% del precio total pagado si la anulación se produce entre dos meses y 15 días antes de la salida; un 10% entre 15 y tres días; y un 25% si ocurre 48 horas antes”.

 

Además, el sindicato aconseja rellenar siempre una hoja de reclamaciones que deberá ser facilitada por el organizador del viaje y/o el establecimiento hotelero.

 

Los días 24 y 25 de noviembre se celebrará en Madrid una Conferencia organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, con el objetivo de analizar y proponer iniciativas para eliminar la violencia contra la mujer en el mercado de trabajo, a través de la negociación colectiva.

La conferencia se iniciará mañana jueves, 24 de noviembre, a las 9,30 horas, con las intervenciones de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, junto con la secretaria confederal de la CES, Monserrat Mir. Antes de su intervención, sobre las 09.15 horas, realizarán declaraciones a los medios de comunicación.

A partir de las 14.30 horas, la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, participará en una mesa redonda en la que se abordará por qué la violencia de género en el ámbito doméstico es una cuestión que importa los sindicatos.

En el transcurso de esta conferencia se presentarán los resultados preliminares de un estudio inédito "Safe at Home-Safe in Work", que analiza cómo han abordado los sindicatos en Europa la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y cómo el apoyo en el lugar de trabajo puede ayudar a eliminar la violencia contra las mujeres en el hogar.

La CES acoge la conferencia de Madrid con el objetivo de compartir experiencias de negociación y acuerdos a nivel empresarial y sectorial para combatir la violencia contra las mujeres y el acoso sexual en el trabajo, y fijar criterios que guiarán las futuras acciones sindicales europeas.

El día 25, Día Internacional contra la Violencia de Género, la conferencia comenzará a las 09.00 horas. Posteriormente, sobre las 11.30 horas, las responsables de Mujer de las organizaciones sindicales y de la CES realizarán declaraciones y a las 12.00 se ha convocado un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género.

La conferencia tendrá lugar en el Hotel Courtyard Marriott Madrid Princesa, situado en la calle de la Princesa, número 40, en Madrid.

UGT manifiesta que si el Gobierno quiere consenso en materia de pensiones tiene que construirlo sobre la base de la integridad del sistema de pensiones, la financiación suficiente y sin planear nuevos recortes. Para el sindicato, el Ejecutivo tiene que asumir su liderazgo, abandonar la palabrería, y concretar sus propuestas para construir consenso y no seguir generando desconfianza. La Unión General de Trabajadores considera que sería una señal de la buena disposición del Gobierno para consensuar que no renueve, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, la habilitación para el uso del Fondo de Reserva porque esta materia tiene que formar parte de un paquete en el que se adopte la financiación integral del sistema.

Ante la comparecencia de hoy de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ante la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, UGT expresa su satisfacción porque los trabajos de la Comisión se inicien cuanto antes dada la urgente necesidad de soluciones que requiere la situación financiera de la Seguridad Social y ante la ineficacia demostrada por el Gobierno del Partido Popular en mantener la gestión financiera del sistema de manera equilibrada y eficaz.

UGT realiza un llamamiento al Gobierno para que concrete en materia de pensiones, si quiere alcanzar un consenso porque las sucesivas declaraciones, la intervención de hoy de la ministra, no construyen las bases para un consenso en torno a este tema, sino que sigue generando directamente desconfianza. Y en esta materia, el Ejecutivo tiene que asumir el liderazgo que le corresponde y presentar propuestas concretas, no sucesivas declaraciones que no conducen a nada.

Para la Unión General de Trabajadores el consenso, al que apela ahora el Gobierno, requiere el cumplimiento de tres cuestiones imprescindibles:

  • Que se mantenga y refuerce la integridad del sistema. Las soluciones que se aborden han de dar respuesta a las necesidades del sistema en su conjunto.
  • Que no se planteen nuevos recortes. Prestaciones en cuantía suficiente que aseguren la calidad de vida de los pensionistas de hoy y del futuro, tal y como se recoge en el propio Pacto de Toledo.
  • Que se establezcan medidas que supongan el aumento en los ingresos que requiere el sistema para contar con la financiación adecuada y suficiente para el pago de todas las pensiones.

Para UGT es, además, indispensable que el Gobierno no renueve su habilitación para continuar con las disposiciones del Fondo de Reserva en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, tal y como ha hecho hasta ahora y que ha llevado a éste a consumir los beneficios acumulados en una década.

Esta medida constituiría una señal de la buena disposición al consenso y al diálogo del Gobierno. Lo contrario vulneraría el espíritu que ha de presidir los trabajos de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo: renovar la habilitación para disponer del Fondo de Reserva, de forma unilateral, entendemos que sería síntoma de falta de voluntad de negociación y de consenso.

La Unión General de Trabajadores reclama al Gobierno que convoque a los interlocutores sociales para evaluar el Programa de Activación para el Empleo (PAE), con el fin de mejorar las posibilidades de acceso y la cobertura de las personas en situación de desempleo.

 

El pasado 16 de noviembre se cumplieron siete meses desde la publicación en el BOE de la prórroga de este programa y, a falta de cinco meses para su finalización, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue estancada por debajo del 55%, por lo que UGT considera que el programa no está funcionando, aunque no ha podido realizar un seguimiento del mismo ni evaluar de forma continua sus resultados porque el Ejecutivo no ha querido.

Derivado del Acuerdo del 29 de julio de 2014, y firmado entre el Gobierno y los interlocutores sociales el 15 de diciembre de 2014, este programa recogía sólo parcialmente la reivindicación sindical de proteger mejor a las personas en desempleo con mayores dificultades de inserción. 

 

El PAE quedaba prorrogado mediante Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, durante 1 año, hasta el 15 de abril de 2017, para demandantes de empleo inscritos hasta el 1 de abril de 2016, lo que en principio podría permitir la incorporación de más demandantes. 

Sin embargo, al no modificarse ningún requisito más de acceso al programa, tal y como habían solicitado repetidamente las organizaciones sindicales, los resultados en términos de protección no muestran una mejora. El objetivo de los sindicatos ha sido desde el inicio de su andadura que se favorezca el acceso a mayor número de personas y se eliminen muchas de las limitaciones para ser admitido en el PAE. No hacerlo es un impedimento que está afectando negativamente a esta prórroga. 

 

UGT recuerda que de la dotación de 850 millones de euros presupuestados para 2015 en concepto de ayuda de acompañamiento, se ejecutó menos del 19% (160 millones de euros), dejando un remanente cercano a 700 millones. Para 2016, y a falta de dos meses para cerrar el ejercicio, del presupuesto de 350 millones, sólo se han ejecutado 107 millones (con datos a 31 de octubre), un 30,6%, mostrando una evolución similar al pasado ejercicio, y que dará lugar a un nuevo excedente, a costa de la protección de las personas en desempleo. 

 

Por ello, UGT reclama medidas que permitan la ampliación del número de beneficiarios, ya que de los 209.421 expedientes recibidos (desde enero de 2015 hasta agosto de 2016), solo se han aprobado dos terceras partes (137.699). En agosto de 2016 estaban dados de alta como beneficiarios 23.948 personas y desde el inicio han participado en el PAE en torno a 130.000 personas, un volumen muy por debajo de las expectativas creadas por el propio Ministerio.

Respecto a los beneficiarios del programa, se estima que la tasa de inserción se sitúa alrededor del 16%.

 

Para UGT, además, es necesario conocer qué pasa con las personas que han agotado el programa (tras seis meses de participación), si están empleados o si no es así, ¿qué atención y cobertura están recibiendo de los servicios públicos de empleo? En este sentido, tampoco hay disponible información periódica de las acciones que desarrollan las Comunidades Autónomas con el presupuesto del programa destinado a políticas activas (25 millones de euros para 2016).

 

Por su parte, del total de expedientes denegados, cabe resaltar como causas principales de denegación en todo el periodo: (1) no acreditar la realización de tres acciones de búsqueda activa de empleo (BAE) en el plazo y forma establecidos (18,4%); (2) el último derecho agotado ha sido una prestación contributiva o subsidio (17,9%); y (3) no acreditar tener responsabilidades familiares (17,8%).

 

Para UGT es necesario revisar cualquier requisito que impida a los desempleados sin protección acceder al programa, tanto desde la propia regulación de la norma como desde su aplicación, teniendo en cuenta que hay casos claros en los que el origen de la denegación se debe a la falta de recursos técnicos y humanos en las oficinas de empleo.

 

El nuevo Gobierno está en la obligación de convocar a los interlocutores sociales para evaluar este programa, con el fin de mejorar las posibilidades de acceso y, en definitiva, la cobertura de las personas en situación de desempleo. Con la información disponible, hay suficientes datos que justifican la necesidad de flexibilizar los criterios de acceso al PAE y hacerlo más efectivo y eficiente.

 

Hoy, martes 15 de noviembre, en la madrileña sede de UGT, se han reunido 300  delegados y delegadas sindicales en representación de los afiliados y afiliadas a la Unión General de Trabajadores de las empresas de servicios, movilidad y consumo de la Comunidad de Madrid.

Estos representantes han avalado con sus votos la fusión de dos importantes federaciones del sindicato, constituyendo una nueva y más fuerte que, a partir de mañana, llevará por nombre Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Madrid (FeSMC-UGT Madrid).

También han elegido, mediante su voto, la composición de los órganos de dirección y control de la nueva Federación, entre ellos la Comisión Ejecutiva y a su secretario general, Antonio Oviedo, con el apoyo de 93,17%.

Así, los trabajadores y trabajadoras de importantes sectores de la economía regional, entre otras, el transporte de viajeros y mercancías, entidades bancarias, seguros y oficinas, telecomunicaciones, medios de comunicación, hostelería, turismo, el comercio, limpieza, servicio doméstico, seguridad privada, junto a un elevado número de asalariados de empresas medianas y pequeñas de la Comunidad de Madrid estarán, a partir de mañana, 15 de noviembre, organizados en esta nueva federación del sindicato.

FeSMC-UGT cuenta con  48.730 personas y aglutina bajo sus siglas a los cerca de 4.700 miembros de los comités de empresas y delegados de personal que se presentan en las listas de UGT y son elegidos democráticamente por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de las empresas y centros de trabajo en las elecciones sindicales que se celebran periódicamente.

El conjunto de la Comisión Ejecutiva de FeSMC-UGT de Madrid ha quedado compuesto por: 

Secretario General: Antonio Oviedo García

Secretario de Organización: José Antonio Fernández Guerras

Secretario de Administración: Daniel Pezuela Ruíz

Secretario de Área Interna: Ricardo Casas Tinahones

Secretaria de Acción Sindical: Nuria manzano Albarsanz

Secretario de Elecciones Sindicales: Kepa Escalada Emperador

Secretaria de Formación: Natividad García Beltrán

Secretario de Salud Laboral: Jesús García Mugarza

Secretaria de Coordinación Comarcal: Marisol Guimerá Eguinda

Secretaria de Comunicación e Imagen: Cristina Esteban Fernández

Secretaria de Igualdad: Marina Prieto Torres

Tras 300 días sin Gobierno, se han paralizado las políticas de protección a los ciudadanos de este país y hemos asistido a una pérdida continua de derechos.

Millones de personas han perdido todas sus prestaciones, sus recursos y la posibilidad de encontrar un empleo.

Por ello, UGT exige al nuevo Gobierno que tome medidas de manera urgente para atender a las personas en peor situación.

El sindicato reclama un nuevo contrato social que restablezca los derechos sociales perdidos y que el Congreso debata de manera inmediata la necesidad de una prestación de ingresos mínimos para las personas en peor situación, como le demandó la población española a través de la ILP que presentamos las organizaciones sindicales el pasado mes de mayo, con el fin de apostar de forma decidida por fortalecer el Estado de Bienestar y rescatar a las personas de este país.

Tras 300 días sin gobierno, 300 días en los que se han paralizado las políticas de protección a los ciudadanos y ciudadanas, hemos asistido a una permanente pérdida de derechos, a una caída sin red de millones de ciudadanos que han perdido todas sus prestaciones, sus recursos y las posibilidades de encontrar un empleo…Alrededor de 3,5 millones de personas padecen pobreza severa y 13,3 millones (un 28,6 por ciento de la población) están en riesgo de pobreza y exclusión social, con un 25% de trabajadores jóvenes en esta situación. Personas que precisan que el nuevo Gobierno tome medidas urgentes para paliar esta situación.

Desde UGT exigimos la urgente puesta en marcha de un nuevo contrato social que reestablezca los derechos sociales y los anteponga a los intereses económicos. La sociedad no puede esperar más porque las situaciones más perentorias continúan aumentando.

Mientras el Gobierno considera incuestionable los recortes impuestos por Bruselas, para UGT la solución no consiste en recortar 5.000 millones de euros, sino en invertirlos y recuperar recursos para políticas sociales y de protección a la población que se encuentra en vulnerabilidad social. Nos encontramos en una situación de alarma social que nos hizo debatir nuestro sistema de protección social y la respuesta que se ha venido dando ante las necesidades de la ciudadanía. Nuestra conclusión más inmediata: es apremiante una intervención pública.

De esta necesidad evidente, debe hacerse un replanteamiento de los sistemas de protección social y seguridad económica. El crecimiento económico no es suficiente para reducir la tasa de personas es situación de pobreza. La capacidad redistributiva, que le corresponde al Estado, debe intervenir en la creación de las políticas sociales y en estos momentos debe ser prioritaria, para lograr una mayor cohesión social y equidad en todo el país. A su vez, intervenir en la economía; con el objetivo de cambiar la distribución de la renta, conforme a los principios de solidaridad e igualdad social. Entre esta cobertura se encuentra la protección a las personas frente al riesgo de pérdida o carencia de ingresos suficientes, a través de nuestro sistema de la Seguridad Social que se establece como un instrumento de prevención de la pobreza.

Para ello, UGT plantea una serie de medidas con el objetivo de rescatar a las personas mediante la creación de empleo, la protección social y el desarrollo económico y social. Es imprescindible una actuación urgente.

UGT exige al nuevo Gobierno que ponga en marcha la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentamos en el mes de mayo para una Prestación de Ingresos Mínimos. 165 días en los que más de dos millones de personas de este país está esperando ampliar la acción protectora de la Seguridad Social y garantizar unos ingresos que aseguren unas condiciones básicas para atender sus necesidades más esenciales, ya que, con disponibilidad para trabajar, estas personas carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para ellos mismos y, en su caso, para los familiares a su cargo. La Prestación de Ingresos Mínimos se debe configurar como una prestación de derecho subjetivo enmarcada en el nivel no contributivo de la Seguridad Social, debiendo garantizarse la financiación vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado.

165 días de espera para la puesta en marcha de esta Iniciativa Legislativa Popular, que con independencia de la voluntad de este Gobierno de realizar políticas que protejan a las personas; se verá en la obligación de debatir esta prestación en el Congreso. Iniciativa que ya se comprometieron a apoyar los grupos parlamentarios para apostar de forma decidida por fortalecer el Estado de Bienestar y rescatar a los ciudadanos y ciudadanas.

 

UGT señala, que la bajada del paro se debe a que cada vez hay menos población activa (disminuye en 39.800 personas).
Los datos son buenos, disminuye el paro en 41.800 personas en este trimestre y 37.900 en el último año, sin embargo, hay menos personas en edad de trabajar y esto pone en peligro las pensiones.

 

 

Para UGT Madrid:
No mejora la situación de las personas, porque continúa aumentando la temporalidad en la Comunidad de Madrid, situándose en un 18,80%, mientras que en el Estado está en  un 16,05%, es decir, hay una diferencia de casi 3 puntos porcentuales. 
1 de cada 6 trabajadores, en nuestra Comunidad, tiene un contrato temporal, y 3 de cada 10 contratos tienen una duración inferior a 1 mes.

 

 

Por sectores, continúa siendo preocupante la continua destrucción de empleo en Industria (22.000 ocupados menos en un año)  y Construcción (18.600 ocupados menos en un año). El aumento del empleo se concentra en el sector servicios, que representa el 86,51% de todas las personas  ocupadas (2.451.000) y que mantiene unas constantes de precariedad en el empleo muy altas.
Uno de cada 13 hogares de la Comunidad de Madrid, tiene a todos sus miembros en paro.

 

La EPA confirma la desigualdad en el empleo. Las mujeres siguen siendo menos contratadas  y en mayor medida con contratos temporales.

Aunque se reduce el número de parados de larga duración en un 12,22% en cómputo anual, aumenta el número de parados mayores de 55 años en 13.700 personas, lo que supone un incremento de un 22,57%.

Con estos datos de la EPA no podemos olvidar, por lo dramático de la situación, que en la Comunidad de Madrid hay 507.400 trabajadores y trabajadoras que desean trabajar y no encuentran empleo.

Los datos nos indican que crece lentamente el empleo, aunque lo preocupante es que cada vez hay menos personas en edad de trabajar y esto pone todavía más en peligro el sistema de pensiones.  Con menos personas en edad de trabajar y con empleos más precarios, el futuro de las pensiones no está garantizado.

 

Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas, financiar los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde los PGE (como el resto de los ministerios) y no desde el propio sistema, y destopar las bases de cotización. Tres medidas que, para UGT, ahorrarían 15.500 millones de euros a la Seguridad Social y podrían acabar con su déficit, que el Gobierno del PP ha ido aumentando durante estos años con sus políticas. Medidas urgentes que se deberían debatir de manera inmediata en el seno del Pacto de Toledo con el fin de racionalizar y equilibrar el sistema y asegurar el bienestar de nuestros pensionistas y trabajadores.

Desde la llegada del PP al Gobierno de nuestro país, en el año 2011, el desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social ha aumentado exponencialmente. El déficit en el año 2010 era de 65 millones, mientras que, tras las medidas de recorte impuestas por el PP, centradas en la reforma laboral de 2012 y la reforma de las pensiones en 2013, el déficit del sistema ha sido de 17.982 millones de euros en 2013; 13.557 millones en 2014; y 16.514 millones de euros en 2015. Además, de 2007 a 2015 los cotizantes han descendido en casi dos millones de personas.

Durante estos años de mandato, el Gobierno ha ido lastrando y consumiendo el Fondo de Reserva, del que ha dispuesto de manera creciente desde 2012, sin prever sus disposiciones ni dotar presupuestariamente los fondos dispuestos, lo que producirá su agotamiento a finales de 2017.

En este marco de situación deficitaria del sistema de Seguridad Social, el Ejecutivo plantea su reforma de las pensiones en 2013, con el único objetivo de recortar y no sostener ni apostar por el futuro del sistema de pensiones.

Para la Unión General de Trabajadores, hay tres medidas fundamentales que posibilitarían acabar con el déficit que existe en la Seguridad Social:

-Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la Seguridad Social. Desde 2014, el Gobierno ha ido aumentando el presupuesto destinado a estas bonificaciones en más de 400 millones de euros, y las reducciones en cotizaciones sociales en más de 200 millones de euros entre 2015 y 2016. Para este año, se destinan entre bonificaciones y reducciones a las cotizaciones sociales más de 3.700 millones de euros que suponen una transferencia de renta a las empresas desde la caja de la seguridad social.

Los incentivos a la contratación no generan empleo, se limitan a producir una reducción de los costes laborales de los contratos bonificados y, como máximo, facilitan el desplazamiento o sustitución de unos trabajadores por otros. Además, una vez que finalizan las ayudas, el empresario opta, en muchos casos, por deshacerse del trabajador con contrato bonificado.

-Financiar los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como el resto. Las cuentas de la Seguridad Social soportan todos los gastos necesarios para el mantenimiento del Ministerio y de su propio personal, algo que según UGT, se podría equiparar al resto de ministerios pues con la situacion actual deficitaria resulta totalmente irresponsable.

Para 2016, los gastos de personal ascienden a casi 2.500 millones de euros, a lo que hay que añadir los gastos de bienes y servicios, casi 1.500 millones, y los correspondientes a inversiones reales, un total de 223.618 euros. Por todo ello, podemos concluir que el coste por mantenimiento del propio ministerio es de 4.000 millones de euros, que soportan íntegramente las cuentas de la Seguridad Social y que deberían financiarse a cargo de los PGE.

-Destopar las bases de cotización. Para UGT, es injusto que anualmente el sistema de bases de cotización y pensión máxima establecidos dejen millones sin cotizar. La base máxima de cotización este año es de 3.642 euros al mes, por lo que todo lo que se gane por encima de esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social. Con ello, cada año se registran más de 26.000 millones de euros de bases salariales sin cotizar que, según estimaciones del sindicato, supondrían un aporte al sistema de 7.735 millones de euros adicionales.

Con estas tres medidas, la Seguridad Social habría ingresado este año 15.500 millones de euros más, cifra próxima al déficit del sistema en el último año. A esto hay que añadir que la tasa de cobertura por desempleo ha ido descendiendo también año a año, hasta el 55,8% actual. Si se hubiera mantenido en el 78,4% del año 2010, habría 2.969 millones de euros más en concepto de cotizaciones sociales derivadas del desempleo, que junto a los 15.500 millones de euros supondrían acabar con el déficit de la Seguridad Social, que el sistema tuviera superávit y que no hiciera falta recurrir al Fondo de Reserva.

Por ello, UGT urge a asumir de manera urgente estas propuestas así como a abordar en el seno del Pacto de Toledo un sistema de financiación de todas las pensiones sostenible y de futuro, que aumente los ingresos de la Seguridad Social a través de la financiación con impuestos, tal y como planteamos desde UGT. Nuestro objetivo es restablecer el equilibrio del sistema y así tener una Seguridad Social sin déficit.

Propuestas que buscan hacer sostenible y fortalecer el sistema de pensiones, con el fin de que los pensionistas de hoy y los del futuro tengan asegurado su bienestar y un nivel de vida aceptable.

 

Mari Carmen Barrera, Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT

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Miles de personas han expresado en las calles de toda España su rechazo a la pobreza y la desigualdad, así como a los tratados de libre comercio que antepone los intereses de las multinacionales a los derechos de las personas, como ocurre con el CETA y el TTIP.

 

Hoy, bajo el lema "No a la pobreza, No a la desigualdad, No al CETA, No al TTIP", han culminado los  actos organizados por la Plataforma Estatal de Alianza contra la Pobreza y de la Plataforma no al TTIP, de la que UGT forma parte, para concienciar a la población española sobre la creciente pobreza y la desigualdad, y sobre unos tratados comerciales que de llevarse a cabo agravarán estos problemas.

 

Los miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal han particiapado en los actos en distintas comunicadaes Autonomas. En la manifestación de Madrid ha estado Jesús Gallego, Secretario de Internacional, Ana García de la Torre, Secretaria de Salud laboral y medioambiente y Adela Carrió, Secretaria Confederal.

 

El objetivo de estas movilizaciones ha sido exigir un sistema que garantice la igualdad, que sea respetuoso con el medio ambiente y garantice los derechos humanos. En este sentido, las organizaciones convocantes demandan: soluciones basadas en Derechos y Justicia; políticas coherentes con estos principios y comprometidas con la protección medioambiental, la paralización y la no entrada en vigor de los tratados comerciales como el CETA, el TISA o el TTIP, amenazan la democracia y multiplican el poder de las multinacionales y políticas tributarias justas, progresivas y suficientes que sostengan las políticas sociales y medioambientales.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Protección Social, Mª Carmen Barrera, ha afirmado que “nuestra herramienta es el diálogo y el consenso”   y que UGT está abierta a todas las negociaciones que sean posibles, tanto con el Gobierno como con todos los agentes sociales implicados, pero que si la realidad sigue sin cambiarse y se nos sigue sin prestar atención, “agotadas todas la vías”, tendremos que pasar a lo que es la reivindicación activa, que pasa por la contestación en todas sus manifestaciones, incluida la movilización.

Carmen Barrera, que  ha hecho estas declaraciones en Valladolid, antes de participar en una asamblea celebrada sobre la situación del mercado de trabajo en España, organizada por UGT-Castilla y León,  ha denunciado que detrás de los datos está el sufrimiento de muchísimas personas y que hay  “realidades sociales intolerables” que “con otro tipo de políticas y predisposición al diálogo y al consenso” podrían haberse evitado.  

Barrera ha destacado la “miseria laboral” en la que viven una gran parte de los trabajadores y ciudadanos de este país y ha pedido un cambio en las políticas en línea con las propuestas sindicales presentadas a los partidos políticos.

Ha denunciado la creciente temporalidad, precariedad y parcialidad de nuestro mercado de trabajo, “con empleos cada vez más volátiles” y de menor duración; la devaluación salarial (de 2009 a 2015 la remuneración de los asalariados ha caído en 39.000 millones de euros) o la persistencia del desempleo y la cada vez menor cobertura de los parados. Asimismo, ha alertado sobre la reducción de ingresos de la Seguridad Social, sobre cómo los recortes del Gobierno están comprometiendo el futuro del sistema público de pensiones y sobre el aumento de las tasas de pobreza y desigualdad social.

Barrera ha solicitado un plan de choque por el empleo en base a tres objetivos “cantidad, calidad e igualdad”, lo que pasa por la derogación de dos últimas reformas laborales y establecer una nueva regulación que suprima la precariedad y la devaluación salarial.  Asimismo, ha abogado por cambiar el actual modelo productivo y reforzar el sistema de protección social, entre otras prioridades.

 
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